04-11-2019 / 19:01 h EFE

El Ayuntamiento de Pontevedra considera que el anteproyecto de ley para la creación de una sociedad para la gestión del ciclo integral del agua, que impulsa la Xunta de Galicia siguiendo el modelo de Sogama, es una "chapuza jurídica" y ha instado a su retirada.

Este proyecto, según la concejala responsable del ciclo de agua en Pontevedra, Carme da Silva, "evidencia" que la Xunta "no es capaz" de cumplir con sus obligaciones en materia de depuración y saneamiento, por lo que pretende "obligar" a los ayuntamientos a financiar inversiones y asumir competencias "que no son municipales".

Da Silva ha recordado que el gobierno gallego tiene una "amenaza muy seria" de sanciones por parte de la Unión Europea por no tener las rías saneadas y depuradas y, ante esta situación, "pretenden que sean los ayuntamientos los que financien una parte importante de la falta de cumplimiento de sus obligaciones".

En el caso de Pontevedra, ha explicado la edil del BNG, el Ayuntamiento ejerce en materia del ciclo del agua "todas las competencias que tiene", y ha advertido de que "no vamos a aceptar" asumir "las que no nos corresponden" y hacerlo además "sin ningún tipo de financiación".

En los últimos años, ha añadido, Pontevedra ha invertido "millones y millones" en abastecimiento y saneamiento, incluso asumiendo convenios que la Xunta "rompió de manera unilateral", por lo que "tenemos los deberes hechos", ha dicho.

Con esta sociedad, ha denunciado Da Silva, el gobierno autonómico pretende que "pasemos a financiar" un tercio de las inversiones que debe realizar la Xunta para cumplir con sus competencias, una situación que "no es admisible bajo ningún concepto".

Tras el análisis de sus servicios jurídicos, el ayuntamiento pontevedrés ha presentado alegaciones contra la creación de esta sociedad del agua, de la que la Xunta se reservaría el 51% de las acciones, por entender que contiene "múltiples contradicciones, incongruencias y lagunas", y provoca "inseguridad jurídica".

Así, Pontevedra denuncia, entre otras cuestiones, que se establece que la adhesión es voluntaria pero para las diputaciones es obligatoria, que la Xunta decidiría sus tarifas de manera unilateral o que la financiación de las inversiones es arbitraria.

 
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