04-11-2019 / 13:20 h EFE

La mala calidad del sonido y de los sistemas de grabación de los juzgados de Pontevedra ha impedido la declaración ante el juez de la exdiputada Ángela Rodríguez, investigada por un delito de atentado por los altercados durante la manifestación que los trabajadores de Alcoa realizaron ante el Congreso el pasado 28 de marzo.

En su comparecencia judicial Rodríguez ha estado arropada por los candidatos de Galicia en Común por A Coruña y Pontevedra, Antón Gómez Reino y Yolanda Díaz, y el diputado de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, todos ellos también denunciados por la Policía por estos hechos.

A las puertas de los juzgados, la número 2 de Galicia en Común por Pontevedra ha lamentado el "día triste" que supone que representantes públicos tengan que ser investigados por la justicia por "apoyar a trabajadores".

Estas imputaciones, ha señalado Rodríguez, son "especialmente graves" porque considera que los representantes de Unidas Podemos y su confluencia gallega actuaron durante esa manifestación "con toda la calma del mundo" y bajo su condición de diputados para respaldar las reivindicaciones laborales de la plantilla de Alcoa.

Rafa Mayoral, que participará esta noche en un mitin en Pontevedra, ha afirmado que este proceso judicial "carece de sentido de principio a fin" y ha recordado que defender los derechos de los trabajadores "no es delito".

"Este tipo de procedimientos son una interferencia inadmisible al sistema democrático de este país", ha dicho el diputado de Unidas Podemos, que considera "necesario" defender la libertad sindical o el derecho de reunión y manifestación de la sociedad civil.

Defender los puestos de trabajo de los españoles ha de ser, según Mayoral, una "obligación" de los parlamentarios, a los que ha reclamado "no calentar" su escaño y defender los derechos de la clase trabajadora, especialmente frente a los "envites" de multinacionales que vienen a "echarse al bolsillo" las subvenciones y después "salir corriendo" dejando a los trabajadores "tirados".

Yolanda Díaz, por su parte, ha denunciado el clima de "represión" que se está viviendo en España y que provoca que los 300 trabajadores de esta empresa estén siendo "represaliados" por defender derechos "fundamentales".

Los trabajadores, ha añadido Antón Gómez-Reino, "tienen derecho" a manifestarse "en cualquier lugar" y "especialmente" ante el Congreso al ser la "sede de la soberanía popular", para lo cual ha abogado derogar, entre otras, la conocida como Ley Mordaza.

 
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