29-10-2019 / 18:50 h EFE

La fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, cree que se ha dado una respuesta adecuada a la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas) con los centros de acogida, que ya son siete en la comunidad autónoma.

El incremento de la llegada de estos menores a Cantabria a partir del verano obligó a abrir tres más el año pasado, a los que se sumó otro en 2019, que fue inaugurado en enero, según recoge la Memoria de la Fiscalía.

Jiménez, que ha comparecido este martes en el Parlamento para presentar la memoria, ha señalado que la solución para estos menores, que están en situación de riesgo, es proporcionarles centros de acogida y eso es lo que se ha hecho.

Ha explicado que en esos centros se les ofrece recursos, de forma que los que quieren recibir una formación pueden hacerlo, pero el problema es que no se quedan mucha tiempo y si ahora hay unos 120 menas en Cantabria, en un mes no serán los mismos 120, ha apuntado.

Sobre la alarma social que genera el incremento de la llegada de estos menores, ha dicho en 2018 solo hubo tres causas judiciales por "hechos realmente preocupantes", al margen de las peleas en las zonas de ocio, pero que también se producen entre menores españoles, ha recordado.

Durante su comparecencia, ha expresado su preocupación por el aumento de los delitos de lesiones en menores el año pasado, mientras bajaron entre los mayores de edad.

Para la fiscal, ese repunte se explica por que los menores, que no tienen control sobre si mismos, viven en una sociedad "cada vez más violenta".

También ha insistido en que hay que transmitir a la sociedad que es necesario seguir denunciando el acoso escolar y ha alertado de que se están utilizando las redes sociales "con mucha cobardía y con mucha impunidad".

El año pasado se activó el protocolo en 80 casos de acoso y se tramitó el 69 por ciento.

A su juicio, es necesario tomar medidas y hacer una "apuesta muy seria" por la educación para cambiar la trayectoria que lleva la sociedad. "El problema con los menores es de educación, la sociedad pierde determinados valores y es cada vez menos disciplinada", ha opinado Jiménez, quien cree que el uso que hacen los menores de los móviles y de las redes sociales es "un problema gravísimo que se nos ha ido de las manos".

La memoria recoge un incremento de los procedimientos relacionados con la violencia de género en 2018 pero, según advierte la fiscal superior, sigue habiendo una descompesación con las acusaciones porque hay muchas mujeres que continúan acogiéndose al derecho a no declarar.

A su juicio, el artículo del código penal que les otorga esa dispensa no se pensó que fueran denunciantes los que tuvieran que declarar contra familiares como ocurre con las víctimas de la violencia de género.

En muchas ocasiones, ha apuntado, estas mujeres no son libres, no porque las coaccionen sino porque se coaccionan a sí mismas. "Muchas veces no son conscientes del problema que tienen, piensan que algo va a cambiar y dan oportunidades".

Como viene haciendo en los últimos años, Jiménez ha vuelto a reclamar la oficina fiscal, que considera más necesaria que la judicial, y ha pedido a los grupos parlamentarios que se unan para ayudar a conseguirla.

Y es que en la situación actual ella es también la jefa de personal, la responsable de firmar los permisos de los funcionarios o la petición de más bolígrafos, además de los decretos de las diligencias de investigación, que el año pasado fueron 215, o de decidir "acusaciones de más trascendencia".

 
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