25-10-2019 / 16:41 h EFE

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha acordado absolver al exalcalde socialista en la ciudad de Ourense entre los años 2007 y 2012, Francisco Rodríguez, condenado en primera instancia por un delito de prevaricación a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por la prórroga de unas contrataciones bajo la modalidad de asistencias técnicas.

Junto a él, la misma sala de la Audiencia ha decido absolver también a dos exconcejales y al exdirector general de Rehabilitación Urbana, Áurea Soto (PSOE) y los nacionalistas, Fernando Varela y Xosé Carballido, respectivamente.

Las penas habían sido impuestas por el juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad en febrero de 2018 por entender que su actuación no era "una mera irregularidad administrativa” sino que constituía una “contravención legal grave” de la norma.

Las defensas recurrieron el fallo después de denunciar un juicio “político” y la sala de la Audiencia les ha dado finalmente la razón.

Según el fallo facilitado por fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el tribunal ha considerado que “si bien es cierto que la actuación de los acusados contravino la normativa y pudieron incurrir en una irregularidad, e incluso en una ilegalidad administrativa, por contravenir los límites contemplados para los contratos menores, no merece reproche penal”.

Los magistrados entienden que “no es suficiente que una resolución administrativa sea contraria a derecho para que su emisión constituya un delito de prevaricación”.

“El control de legalidad de los actos de la Administración corresponde básicamente a la jurisdicción Contencioso-administrativa y no tendría sentido, desde la conceptuación del derecho penal como última ratio, una sistemática criminalización de los actos administrativos que no fuesen adecuados a derecho o implicasen desviación de poder”, argumenta la Audiencia en su fallo.

Los magistrados recuerdan que la jurisprudencia de la sala únicamente considera injusta una resolución administrativa, a efectos de declararla penalmente típica, cuando la ilegalidad sea "evidente, patente, flagrante y clamorosa".

En este caso, según los magistrados, “no ha resultado patente que la conducta de los acusados haya sido producto de la arbitrariedad”.

Para la Audiencia, “la mera pasividad” por parte de alguno de los condenados “no puede ser constitutiva de delito”, al tiempo que esgrime que dicha actuación “resultaría justificada por la situación del Ayuntamiento, pues existía un interés público en mantener los contratos y evitar el riesgo de perder las subvenciones”.

La absolución se suma a las de Iolanda Pérez Docampo y Xosé Somoza, que estuvieron inicialmente acusados por estos mismos hechos.

 
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