23-10-2019 / 15:50 h EFE

En la víspera de la exhumación de los restos de Francisco Franco, el Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar una petición de Vox para frenar in extremis la ejecución de la sentencia del alto tribunal que autoriza al Gobierno a trasladar los restos del dictador al cementerio de El Pardo Mingorrubio.

En concreto, la Sala Tercera rechaza la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que rechazó a su vez paralizar el acuerdo del Gobierno, que fijaba el 25 de octubre como fecha tope para la exhumación.

Vox pidió a la autoridad de los procesos electorales que suspendiera el acuerdo del Gobierno al argumentar, según dijo su líder Santiago Abascal, que "la ley electoral está siendo incumplida ya que impide que el Gobierno, desde que son convocadas las elecciones, se dedique a la inauguración de obras o haga propaganda de sus promesas políticas con el dinero público".

Pero la Junta lo rechazó "por ausencia manifiesta de fundamento en relación con las competencias que legalmente corresponden a la Junta Electoral Central", por lo que el partido recurrió a la vía contenciosa para detener la exhumación de Franco.

De hecho, el Supremo ya desestimó hace una semana la cautelarísima, con carácter de urgencia, planteada por Vox y ahora vuelve a hacer lo mismo con la medida cautelar no sin antes imponerle las costas (600 euros como máximo).

La Sala explica en un auto que el acuerdo de la JEC y el acuerdo del Ejecutivo no tienen nada que ver con el procedimiento electoral que se indica en dicha petición, ya que con él se procede a ejecutar una sentencia firme, la del 30 de setiembre pasado.

"Al apreciar que el acuerdo de Consejo de Ministros es, como razonadamente hemos dicho ya, ajeno al procedimiento electoral, decaen por inconsistencia los argumentos que defienden la extrema urgencia de la medida cautelar que se nos pide, vinculándola a ese acuerdo concreto", explican los magistrados, por lo que "son inconsistentes las quejas" del partido.

También razona que si se accediera a la pretensión del partido, la Sala estaría obviando las atribuciones que la ley otorga a la Junta y la sustituiría indebidamente en el ejercicio de ellas, desbordando el ámbito de ejercicio de su jurisdicción.

 
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