16-10-2019 / 17:51 h EFE

El presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, ha anunciado este miércoles que el próximo año y tras solicitud de las Cortes Generales este órgano fiscalizador elaborará un informe general de contratación de todo el sector público.

Medina, quien ha intervenido en el curso sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público que el Tribunal de Cuentas celebra en la Universidad de Sevilla, ha explicado que este informe se basará en los escritos específicos de fiscalización que se realizarán en el próximo ejercicio y expondrá las principales irregularidades y deficiencias detectadas.

Este informe global se afronta después de que en los últimos años hayan prevalecido los escritos específicos sobre contratación, referidos a una entidad u organismo.

También ha destacado en su intervención el impacto que las mociones aprobadas por el pleno del Tribunal de Cuentas han tenido en la legislación.

Respecto a las clausulas sociales o medioambientales que recoge la nueva legislación en la fiscalización de las contrataciones públicas para lograr una mayor transparencia y una mejor relación calidad-precio, Medina ha indicado que "obligan a un replanteamiento de la función de control" de este organismo, "enriqueciendo" sus fiscalizaciones "con la incorporación de la verificación y el análisis en materia de gestión, extendiendo las mismas a las valoraciones sobre eficacia, eficiencia y economía de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación".

El consejero de Fiscalización del Área de Administración Económica del Estado del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, ha destacado que la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha señalado la transferencia o no del riesgo operacional como el eje sobre el que gira la distinción entre el contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios, soslayando así el carácter público o no del servicio contratado.

La actividad fiscalizadora deberá, por tanto, examinar la distribución de los riesgos, así como la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria de los contratos, ya que la viabilidad de los instrumentos a través de los cuales se canalice la colaboración público-privada dependerá de la adecuación de estos factores, según Aznar.

 
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