13-10-2019 / 18:00 h EFE

En cinco das Mario Abdo Bentez ha perdido a los titulares de dos entes sensibles (tierras pblicas y asuntos indgenas), un caso de extradicin en el que se haba implicado personalmente y, adems, recibido un tirn de orejas de Estados Unidos con la corrupcin como trasfondo.

Demasiado y en poco tiempo, para un mandatario que no ha levantado cabeza desde la crisis poltica de agosto, a causa del polmico acuerdo energtico con Brasil que le tuvo al borde del juicio poltico.

La semana negra del presidente, del conservador Partido Colorado, se inauguraba el martes con la renuncia del titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Horacio Torres, en medio de una investigacin por sobornos en el proceso de adjudicacin de tierras pblicas.

Si bien Torres no est de momento investigado, se vio obligado a dimitir salpicado por la imputacin a dos altos funcionaros que supuestamente exigieron coimas para no revocar la adjudicacin de una propiedad en la regin del Chaco.

Un jaln ms en el Indert, cuyo antiguo presidente, Justo Crdenas, sigue en prisin preventiva por enriquecimiento ilcito y lavado de dinero.

Con la renuncia de Torres condicionando la semana, el mircoles entr en escena la Cmara de Diputados, con mayora del Partido Colorado, que arroj una patata caliente al presidente y a su discurso anticorrupcin.

En una decisin corporativista, puesto que se sumaron legisladores de la oposicin, la Cmara Baja rechaz la peticin de desafuero contra dos diputados colorados y uno liberal, imputados por varias causas.

Uno de ellos, Ulises Quintana, perteneciente a la corriente del coloradismo que preside Abdo Bentez, est procesado por presunta relacin con una red de narcotrfico

Quintana, apresado hace un ao, estuvo diez meses en prisin preventiva, pero retom su escao en julio tras la resolucin de una jueza.

Dos das despus de que no prosperara la prdida de investidura, el embajador estadounidense, Lee McClenny, instaba en su cuenta de Twitter a los paraguayos a "ejercer la democracia a travs de la lucha contra la corrupcin e impunidad, con justicia para todos".

Aunque no se daban nombres, los medios relacionaron el comentario de McClenny con el "blanqueo" a los tres diputados y en particular a Quintana.

Mas cuando Estados Unidos promueve programas de ayuda a Paraguay contra el narcotrfico y el lavado de dinero.

Y cuando el Gobierno est pendiente del examen del Grupo de Accin Financiera Internacional sobre la efectividad en el combate a los delitos financieros y la corrupcin.

La llamada de atencin de McClenny lleg adems cuando el Gobierno digera el revs del da anterior, con la llegada a Finlandia de tres activistas de izquierda reclamados por el secuestro en 2001 de la hija de un empresario.

Juan Arrom, Anuncio Mart y Vctor Colmn llevaban dos meses en Uruguay, pas al que haban llegado al fugarse de Brasil, que les haba revocado el asilo poltico.

Ello despus de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) absolviera al Estado paraguayo, por falta de pruebas, de la demanda por torturas presentada por Arrom y Mart.

El propio Abdo Bentez haba enarbolado la bandera de la extradicin de los tres hombres, y en una decisin sin precedentes se haba personado en una de las sesiones de la CorteIDH.

Todo para verlos luego aterrizar en Helsinki, segn el Gobierno gracias a las facilidades dadas por Uruguay y el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (Acnur)

No obstante, analistas y medios atribuyeron ese desenlace, as como los constantes casos de corrupcin, a la entrada en el Gobierno de personas sin capacitacin, en base a cupos o favores polticos, una prctica que va contra la institucionalidad por la que aboga el presidente.

El debate sobre esa carencia de idoneidad se reiter el viernes, cuando cientos de indgenas bloquearon un puente internacional para exigir la salida de la presidenta del Instituto Paraguayo del Indgena, Ana Mara Allen, quien renunci horas despus.

Allen estaba cuestionada, entre otras recusaciones, por desconocer el guaran, oficial junto con el espaol y hablado por la mayor parte de los pueblos originarios.

Fue el cierre de una semana en la que se dira que el Gobierno estaba invocando la ley de Murphy.

 
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