27-09-2019 / 22:00 h EFE

La Justicia de Chile condenó este viernes a 10 años y un día de prisión al exoficial de Carabineros Mario Fortunato Valentín Silva por el homicidio del opositor Jaime Alvear el 20 de octubre de 1973 en el sur de Chile y que fue encubierto como un enfrentamiento con la Policía.

El juez espacial para causas de Derechos Humanos, Mario Carroza, determinó la pena para Silva como responsable máximo de la muerte de Alvear, quien era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), según informaron fuentes judiciales.

El fallo determinó que Alvear, de 32 años, comenzó a vivir en la clandestinidad después del golpe de Estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 y en octubre de ese año planeó su salida de Chile hacia a Argentina con otros dos perseguidos políticos.

Durante el trayecto para cruzar la cordillera de Los Andes, las tres personas pararon a pasar la noche en un cerro cerca de la comuna de Pelarco, en la región de Maule, y encendieron un hoguera, hecho del que fueron avisados los Carabineros por vecinos de la zona.

Cuando los uniformados llegaron al lugar al mando de Silva, rodearon a Alvear y sus acompañantes y dispararon contra el militante del MIR sin mediar palabra ocasionándole una herida de bala mortal en el cuello que le causó la muerte.

Después del suceso, la versión oficial de las autoridades publicada en la prensa fue que había existido un enfrentamiento entre Alvear y los carabineros en el momento de ser detenido, y que en su posesión tenía planos de caminos y cuarteles, así como armas y municiones.

En el aspecto civil se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de unos 205.065 dólares a los familiares de la víctima.

Esta misma jornada, la Justicia chilena condenó también a otro exagente de Pinochet a más de 37 años de cárcel en el cómputo común de siete causas en su contra por homicidio y secuestro calificado (desaparición) de siete personas en el sur de Santiago entre 1973 y 1974.

Durante el régimen militar, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.

 
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