25-09-2019 / 19:09 h EFE

Un centenar de personas se han congregado este miércoles frente al Parlament para reclamar al Govern que cumpla con la ley de Renta Garantizada de Ciudadanía y que frene la llamada 'ley Aragonès', que denuncian que facilitará la privatización de servicios públicos.

Los manifestantes no han podido acceder hasta las puertas del Parlament porque a lo largo del día se ha celebrado el debate de política general y, en ocasiones como esta, es habitual que el perímetro de seguridad se amplíe y no se permitan concentraciones en las cercanías de la cámara.

A la concentración se han sumado las diputadas de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas y Conchi Abellán y los parlamentarios anticapitalistas de la CUP Natàlia Sànchez y Vidal Aragonés.

Las personas que han acudido a la manifestación han pedido la dimisión del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, y del conseller de Asuntos Sociales, Trabajo y Familias, Chakir el Homrani.

El portavoz de la plataforma impulsora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Diosdado Toledano, portaba una pancarta que rezaba: "Todo impedimentos y dificultades. Ninguna voluntad de ayudar a los afectados por la pobreza".

"No, no, no a la privatización", "la lucha es el único camino" o "el pueblo unido jamás será vencido" son algunas de las proclamas que se han escuchado ante el Parlament.

Precisamente la semana pasada, las fuerzas parlamentarias de Ciudadanos, PSC-Units, Catalunya en Comú Podem y la CUP anunciaron que promoverán una proposición de ley para modificar un artículo de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía que permita que más personas puedan acogerse a ella.

También la semana pasada, cerca de un centenar de personas se congregaron en la plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat, para presentar una plataforma contra la 'ley Aragonès' y anunciaron varias movilizaciones de protesta, entre ellas la de esta tarde.

La Ley de Contratos de Servicios a las Personas, conocida como 'ley Aragonès', en alusión al vicepresidente de la Generalitat, se presentó ante el Parlament el pasado noviembre y ha topado con la oposición de fuerzas de izquierda y movimientos sociales que consideran que "precarizará" las condiciones laborales, mientras la Generalitat defiende que evitará que logren los contratos públicos quienes tengan mayor capacidad financiera para ofrecer un precio más barato.

 
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