25-09-2019 / 18:10 h EFE

La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado este miércoles que la exigencia del requisito lingüístico para el ejercicio de la función pública se hará "de forma ordenada y con garantías, acordando los niveles en proporción a cada puesto".

Bravo ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la sesión de control al Consell, en respuesta a una pregunta realizada por el diputado de Ciudadanos Vicente Fernández.

Así, ha recordado que ninguna ley de función pública de aquellas regiones con lengua propia y que exige la capacitación lingüística como requisito para el acceso a la Administración ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

A su juicio, es preferible "hablar de derechos de la ciudadanía, más que de requisito", y ha insistido en que el Consell "tiene la obligación de incorporar esa capacitación a la Administración para acabar con la discriminación que muchos valencianos han sufrido".

Por el contrario, Vicente Fernández (Cs) ha opinado que el derecho a usar el valenciano "se atribuye a la Administración en su conjunto, no a cada funcionario" y, en consecuencia, ha considerado "discriminatorio e inconstitucional" exigir el valenciano para acceder a la función pública.

Asimismo, se ha preguntado qué sucederá "con los mayores de 40 años que no han estudiado valenciano o los jóvenes" de territorios que no son valencianohablantes y ha acusado a la consellera de "entregarse a sus socios de Gobierno y sepultar los derechos laborales" de los castellanohablantes.

 
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