20-09-2019 / 15:01 h EFE

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha advertido este viernes de que el "atasco judicial" que sufre la comunidad pasa una "enorme factura a la economía regional", que está siendo cuantificada por el Consejo Económico y Social (CES) en un informe que verá la luz este año.

Pasqual del Riquelme ha hecho estas declaraciones en su intervención en el acto de apertura del Año Judicial, que ha reunido junto a autoridades judiciales a los presidentes de la Comunidad, Fernando López Miras, y del Parlamento regional, Alberto Castillo, entre otros, y en el que el periodista de la Agencia EFE Diego Vera ha sido reconocido por su labor en la difusión de la actividad de los tribunales.

El presidente del TSJ murciano ha considerado "obvio" que "un mal funcionamiento de la justicia disminuye el atractivo de un territorio para nuevas inversiones" y ha explicado: "si los inversores no confían en que, en caso de litigio, verán reconocidos y aplicados sus derechos en un tiempo razonable, invertirán en otro sitio".

Ha añadido que diversos estudios sitúan en varios puntos del PIB la influencia negativa que puede generar un sistema judicial ineficaz en la economía, y ha afirmado que, partiendo de los 31.259 millones que supone el Producto Interior Bruto autonómico, "cada punto de ineficacia judicial significaría una pérdida de 300 millones. Podríamos estar hablando de hasta 1.500 millones anuales, lo que representa el gasto regional en educación", ha afirmado.

Además, ha dicho que el dinero retenido en cuentas de depósitos de los tribunales murcianos asciende a 114 millones de euros, que quedan de esa forma fuera del flujo de la economía.

Por otro lado, ha asegurado que comparte la frustración que genera entre los ciudadanos la "lentitud de la justicia y las disfunciones y fallos que se producen en ocasiones", y ha citado, entre otras carencias, las 27 nuevas unidades judiciales que necesita Murcia para alcanzar la media española.

Por su parte, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, ha reclamado la derogación del artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que limita a seis meses el tiempo de instrucción de los delitos porque, a su entender, genera en la sociedad una "vergonzante sensación de impunidad".

Según él, resulta "muy difícil de explicar para un ciudadano del siglo XXI que un asunto en el que se ha visto afectado o interesado se va al traste por la regulación de unos plazos inasumibles en función de unos medios que son del siglo pasado".

Ha hecho hincapié en que "la justicia sigue siendo la gran tarea pendiente en este país" y en que "tiene una necesidad imperiosa de aumentar los medios personales y materiales".

Por otro lado, el presidente regional ha lamentado "en los últimos 14 meses se hayan bloqueado proyectos muy importantes para la Administración de Justicia en la Región de Murcia", entre los que ha citado el Palacio de Justicia de Lorca, "proyectado, presupuestado y con fecha de inicio en curso, pero que, a fecha de hoy, no sabemos nada de él".

"Los habitantes de la Región de Murcia debemos tener una Justicia como la del resto de los españoles, no podemos ser de segunda también en este aspecto", ha apostillado el presidente antes de respaldar las reivindicaciones del TSJ para "que la Justicia esté dotada con más unidades judiciales con el fin de poder trabajar con mayor eficacia y efectividad".

 
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