16-09-2019 / 18:12 h EFE

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha pedido este lunes que este organismo tenga capacidad sancionadora y potestad para suspender decisiones administrativas para proteger a los denunciantes de corrupción o de irregularidades de posibles represalias.

Gimeno ha comparecido en la primera sesión de la ponencia sobre la proposición de ley de protección integral de los alertadores, aprobada el pasado mes de noviembre en la cámara catalana a partir de un iniciativa ciudadana elaborada por el proyecto 'Xnet',

Durante su intervención en la ponencia, Gimeno ha ofrecido a la Oficina Antifraude como la "autoridad" para proteger a los denunciantes de corrupción, negligencias o irregularidades dotándola de más competencias y recursos económicos y humanos.

Así, entre estas competencias, ha reclamado que la Oficina Antifraude tenga capacidad sancionadora y la potestad para suspender resoluciones administrativas para proteger a los denunciantes ante posibles represalias, tras criticar que la proposición de ley deja a esta institución con unas "competencias muy residuales".

"Hemos de ofrecer la seguridad de que esta persona -el alertador- no perderá calidad de vida, ni su trabajo y que no se encontrará en una situación de presión continua", ha defendido el director de Antifraude, por lo que ha pedido tener la competencia de suspender resoluciones lesivas para la persona denunciante.

En este sentido, ha advertido de que habrá "pocos denunciantes si no les garantizamos una protección".

Gimeno, además, ha abogado por que los canales de denuncia sean "eficientes e independientes", y ha constatado que un porcentaje elevado de las denuncias que se presentan son anónimas, que ha diferenciado de las "confidenciales".

Ha advertido de que algunos de los artículos de esta proposición de ley no son competencia de la Generalitat sino del Estado como en el ámbito laboral, con el Estatuto de los Trabajadores.

Otra de las objeciones que ha puesto Gimeno al texto de la proposición de ley es el tema de la defensa judicial ya que los abogados de oficio son para personas con pocos recursos y en los abogados de la Generalitat puede haber, a su juicio, un "conflicto de intereses".

Preguntado por la mayoría de grupos parlamentarios sobre el coste económico que tendría los mecanismos de protección de los alertadores y el aumento de recursos humanos en la Oficina Antifraude, Gimeno ha explicado que todavía no han hecho una estimación sobre el impacto económico.

Ha explicado, asimismo, que Antifraude está elaborando un documento sobre la protección de los alertadores que en las próximas semanas entregará a los grupos de la cámara catalana.

 
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