05-09-2019 / 12:40 h EFE

Los testigos que han declarado este jueves en el juicio a los seis concejales de Badalona (Barcelona) por abrir el Ayuntamiento el 12-O del 2016 pese a que un juez lo prohibió han confirmado la tesis de la defensa al asegurar que no se desarrolló ningún tipo de actividad administrativa.

Tanto los dos agentes de la Guardia Urbana y el entonces jefe de asesoría jurídica del consistorio, Ricard Brotat, propuestos por Fiscalía, como los dos ciudadanos y la directora de proyectos y relaciones institucionales del Ayuntamiento, Helena Ricoma, propuestos por las defensas, han alegado que el consistorio no abrió con normalidad y que no se realizaron trámites administrativos.

Lo han dicho durante la segunda sesión de la vista oral de la causa que enfrentan en el juzgado penal 25 de Barcelona y en la que el fiscal pide para Oriol Lladó y Agnès Rotger, de ERC, y José Téllez, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran (Guanyem) 15 meses de inhabilitación especial para cargo público electivo, autonómico o local, y una multa de 4.200 euros por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad.

"Puse de manifiesto que no se podía abrir. Tenía clarísimo que no se podía desarrollar actividad administrativa", ha sostenido Brotat antes de agregar que, en una reunión con algunos concejales, se acordó "no abrir el Ayuntamiento y desconvocar a los trabajadores".

No obstante, ha apuntado que durante ese encuentro nadie le interrogó sobre cuál debería ser la actuación de los cargos electos o si éstos, en cumplimiento del mandato judicial, podían acudir al consistorio.

Por su parte, los policías han aseverado que "el edificio no estaba abierto al público" porque "no entraba nadie si no era acompañado por los regidores" y han garantizado que tampoco había ningún empleado público "haciendo funcionar los aparatos".

Uno de ellos, jefe de servicio en el consistorio, ha indicado además que no hubo aglomeraciones y que nadie accedió a los pisos superiores o "más allá de la zona de espera", sino que los ciudadanos y ediles que se reunieron lo hicieron siempre en el vestíbulo.

Paralelamente, Ricoma ha garantizado que no trabajó ese día pero sí fue a la concentración que había frente al Ayuntamiento, que "estaba cerrado y sin luces".

En cuanto a los ciudadanos que han sido llamados a declarar como testigos, también han negado haber realizado trámite administrativo alguno ese día y han asegurado que se limitaron a conversar con los ediles sobre asuntos relativos a la ciudad.

"Hablamos del momento político y de la trascendencia del acto, de la propuesta que habían hecho de poder compensar a los trabajadores con otro día de fiesta", ha afirmado uno de ellos.

Los seis concejales son juzgados por desobedecer un mandato judicial que les impedía el 12-O abrir el consistorio al público o a trabajadores ante el "perjuicio irreparable" que supondría para el interés general o colectivo en la celebración del Día de la Hispanidad.

Durante su declaración, los seis alegaron ayer que llevaron a cabo "un acto político de reivindicación" sin efectos reales porque el consistorio no abrió realmente al público.

El juicio se celebra porque la Audiencia de Barcelona decidió en mayo de 2017 reabrir la causa y estimar un recurso de Fiscalía al entender que los ediles "desatendieron" un mandato judicial, después de que en enero de ese año un juez concluyera que los concejales se limitaron a cometer una "escenificación" que no constituye delito porque "el derecho penal no castiga las performances".

 
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