02-09-2019 / 19:10 h EFE

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha pedido este lunes a su homóloga del Gobierno central en funciones, María Jesús Montero, la urgente transferencia de 19.223 millones de euros a la Junta de Andalucía, con cargo a las entregas a cuenta del presente ejercicio presupuestario.

Bravo también demanda a Montero, en una carta a la que ha tenido acceso Efe, la transferencia de otros 513,30 millones de euros con cargo a la cuota autonómica de la recaudación de una mensualidad del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no devengado en su momento.

El consejero andaluz de Hacienda sostiene que, según las previsiones macroeconómicas para Andalucía de este año y la evolución de las diferentes figuras impositivas, se ha estimado para 2019 unas entregas a cuenta para la comunidad de 19.223,44 millones de euros, "cifra que difiere en 837,10 millones de los 18.386,34 millones comunicados por el Ministerio de Hacienda".

Bravo añade que "no es baladí insistir en que estamos hablando de las entregas a cuenta de 2019 y por tanto ya conocemos la recaudación real al menos de 8 meses".

También recuerda el consejero que el Ministerio de Hacienda comunicó en julio la liquidación definitiva del ejercicio 2017, en la que "se omite una mensualidad de la cuantía recaudada en concepto de IVA correspondiente a dicho ejercicio, "dando lugar a una financiación inferior en 513,30 millones de euros a la realmente obtenida y sin que se señale en qué forma se va a materializar la transferencia de dicho fondos".

"La falta de cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen de financiación -que, por diferentes conceptos, suponen un menoscabo en los ingresos presupuestarios de 1.350 millones de euros- implican, de forma sobrevenida, un riesgo serio para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, comprometidos por esta Comunidad Autónoma y lo que es más importante pueden poner en riesgo las políticas sociales que se prestan por parte de la Comunidad", destaca en su misiva.

También señala que "las manifestaciones de la lealtad institucional deben irradiar en cualquier decisión que se adopte sobre ingresos de las CCAA, más si cabe cuando afectan a las entregas a cuenta, que suponen el grueso del presupuesto de ingresos de las CCAA de régimen común, de suerte que su falta de actualización condiciona el propio programa de gobierno de las administraciones territoriales, amenaza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, agrava los desequilibrios respecto de aquellas CCAA con sistemas de cupo o concierto y perjudica gravemente los intereses de la población receptora de los servicios públicos"

Bravo recuerda que el actual ejercicio presupuestario "se aproxima a su fin", por lo que "no estamos hablando de unas previsiones de ingresos, sino de unas cantidades efectivamente recaudadas que el Gobierno Central" y defiende, en contra del último informe de la Abogacía del Estado, que la comunicación de entregas a cuenta "no es una decisión discrecional del Gobierno" porque "no es que las comunidades autónomas puedan recibir, sino que deben” recibirlas.

"La transferencia de las mismas es un imperativo legal hecho al Gobierno central, sea en funciones o no, y tan discrecional parecería la decisión de “prorrogar” las de 2018 -posibilidad que no está contemplada normativamente- como acordar la actualización de acuerdo con la evolución de los ingresos, como siguen haciendo los servicios económicos de la Administración General del Estado, por más que el Gobierno permanezca en funciones", añade el consejero.

En su opinión, "cuando se afirma que un Gobierno en funciones no puede condicionar las políticas del futuro gobierno que le suceda, debe entenderse en el ámbito presupuestario del gasto, donde se manifiesta el programa de gobierno, y no en la determinación y distribución de entregas a cuentas".

También aduce que "determinar nuevas entregas a cuenta mediante la actualización de las que se vienen satisfaciendo parece la solución jurídica apropiada en un contexto de interinidad gubernamental siendo -en contra de lo afirmado- un asunto de despacho ordinario impuesto como obligación legal al gobierno de la nación, dándose además los tres elementos que, según recoge la Abogacía del Estado, permitirían las actuaciones del Gobierno, al tratarse de un asunto urgente, que afecta al interés general y no compromete en modo alguno a gobiernos futuros".

Bravo también le recuerda a la ministra de Hacienda la solicitud de la Junta de Andalucía de la "celebración urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "el debate en un tema tan trascendente como el que nos ocupa".

 
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