23-08-2019 / 14:31 h EFE

La Diputación de Lugo ha avanzado en un "proyecto pionero" para que 53 ayuntamientos de la provincia puedan obtener nuevos recursos económicos a través de la aplicación de una tasa a las compañías eléctricas y de gas por el uso que hacen de los bienes de dominio público para el transporte de energía.

Para conseguir la implantación de este nuevo tributo municipal, la Diputación había firmado ya el año pasado un convenio de colaboración con los 53 ayuntamientos que decidieron sumarse a este proyecto, lo que supone cerca de un 80% del total de los municipios lucenses.

El presidente de la institución provincial, José Tomé Roca, ha informado de que el paso dado en la junta de gobierno de este viernes ha sido "la aprobación de la adjudicación del conjunto de trabajos técnicos, económicos y administrativos que son necesarios para la aplicación de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que hacen las empresas de suministro eléctrico y gas".

En concreto, las tareas que han sido contratadas incluyen la confección de ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa para los 53 ayuntamientos en cuestión, la revisión y actualización de un inventario ya realizado por la Diputación de las líneas de transporte de energía eléctrica de media y alta tensión y, también, la elaboración de un inventario de las redes de transporte de gas.

Asimismo, se ha contratado la elaboración de los informes técnicos, jurídicos y económicos en los que se defina el procedimiento para el cálculo de la tasa, la estimación de los ingresos que supondrá la implantación de la tasa para cada ayuntamiento y, por último, el asesoramiento pericial ante cualquier posible recurso de las compañías distribuidoras de energía afectadas por la nueva ordenanza.

Todos estos servicios serán prestados por la UTE ganadora del contrato que ha salido a licitación, integrada por Hijos de Valbuena y Ron S.L. e Iurislocalia LSP.

El presupuesto del contrato asciende a cerca de 250.000 euros, y su plazo de ejecución es de cuatro años.

Aún así, durante los primeros ocho meses, la adjudicataria tendrá que elaborar el inventario de las afecciones de las líneas eléctricas a los bienes municipales de dominio público y el estudio técnico económico para la implantación de la tasa.

"Este interesante y ambicioso proyecto es fruto de nuestro compromiso con la máxima cooperación con los ayuntamientos para que puedan mejorar y ampliar los servicios que prestan a sus vecinos", ha indicado Tomé.

En concreto, los 53 ayuntamientos que se han adherido a este convenio son Abadín, Alfoz, Baleira, Barreiros, Baralla, Becerreá, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, O Corgo, Cospeito, Chantada, O Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol, Xermade, Guitiriz, Guntín, O Incio, Láncara, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Portomarín, Quiroga, Ribadeo, Riotorto, Rábade, Sarria, Sober, Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo y Viveiro.

 
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