05-08-2019 / 13:21 h EFE

Bilbao, 5 ago El sindicato LAB ha denunciado este lunes que la aprobación del decreto de centros residenciales de la tercera edad, aprobado el pasado 30 de julio por el Gobierno Vasco, mantiene para el futuro la precariedad en las condiciones laborales y en la calidad de la asistencia.

Una de las representantes de LAB, Enar Hidalgo, ha criticado el nuevo decreto aprobado por el Gobierno Vasco y ha señalado que desde su última actualización, en 1998, solo se han incluido cambios estructurales "muy pequeñitos" y que competen a las residencias de nueva construcción.

"Se han fijado mucho más en el carácter estructural que tienen que tener las residencias y han profundizado en los metros cuadrados que puede tener una habitación antes que en el personal, que es más fundamental para el cuidado de las personas", ha señalado.

En una concentración convocada frente a la sede del Gobierno Vasco, el sindicato LAB ha exhibido pancartas con el lema "más personal, mejor servicio" como protesta sobre la precariedad laboral y cualitativa de los trabajadores en los centros residenciales de la tercera edad.

El sindicato LAB ha anunciado que la situación de deterioro de los servicios sociales es "alarmante", y que los trabajadores presentan ritmos de trabajos insostenibles, sufren agresiones verbales y físicas, disponibilidad total, trabajos en solitario, y carecen de los recursos necesarios.

"La realidad a día de hoy es que no hay personal suficiente, que van volando de un sitio para otro, que su salud se ve mermada y que la calidad asistencial también, porque no se garantiza que una vida digna se mantenga", ha señalado Hidalgo.

Según LAB, este decreto aprobado por el Gobierno Vasco responde a "criterios economicistas", es decir, que está motivado por la gestión privada de los mismos, relegando su responsabilidad en las empresas gestoras, que priman los beneficios sobre el derecho subjetivo a recibir un servicio de calidad y los derechos laborales de las personas trabajadas.

Hidalgo ha concluido que "este servicio tiene que ser público, universal y gratuito porque hablamos de un derecho y no de un negocio" y ha asegurado que este decreto va a continuar generando "conflictos".

 
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