27-07-2019 / 23:20 h EFE

Una ola de indignación se desató este sábado en Brasil después de que el presidente Jair Bolsonaro dijera que el periodista estadounidense Glenn Greenwald "tal vez sea preso" por las filtraciones publicadas en el portal The Intercept.

Los comentarios del mandatario ultraderechista fueron condenados por la oposición, por asociaciones de periodistas, que los tacharon de "grave agresión a la libertad de expresión", y por el propio Greenwald, quien afirmó que Bolsonaro "no tiene el poder para ordenar la prisión de personas".

Greenwald es el fundador de The Intercept Brasil, que desde junio publica supuestas conversaciones entre Sergio Moro, entonces juez encargado de los procesos de la Lava Jato y hoy ministro de Justicia, y fiscales de esa operación anticorrupción, que han puesto en tela de juicio su imparcialidad.

Los mensajes, transmitidos vía Telegram, sugieren que Moro, de forma ilegal, coordinó acciones de la Lava Jato que llevaron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a la cárcel por un caso de corrupción.

En medio de ese escándalo, el despacho de Moro publicó el viernes una directiva que permite la deportación "sumaria" de extranjeros considerados "peligrosos", medida que la oposición interpretó como una "clara amenaza" hacia Greenwald.

Lejos de rebajar la tensión, Bolsonaro defendió a Moro y aseguró, en declaraciones a los periodistas, que Greenwald "puede estar tranquilo" porque no será deportado, pero que puede ser preso por el delito que, a su juicio, ha cometido.

"Él no se va. Puede estar tranquilo. Tal vez sea preso aquí en Brasil, no va a serlo fuera, no", dijo Bolsonaro, tras participar en una ceremonia militar en Río de Janeiro.

El gobernante explicó además que no podría ser deportado por la directiva de Moro, pues no se encuadra en ella al "estar casado con otro hombre y tener hijos adoptados brasileños".

Greenwald, a quien el exanalista de la CIA Edward Snowden reveló programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA) en 2013, vive en Río de Janeiro y está casado con el diputado federal David Miranda, con el que tiene dos hijos adoptivos.

"Pícaro, pícaro, para evitar un problema de ese tipo (ser deportado), uno se casa con otro pícaro, o no se casa y adopta un niño en Brasil", completó el jefe de Estado.

Greenwald respondió a Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército y nostálgico de la última dictadura militar (1964-1985), a través de su cuenta de Twitter.

"Al contrario de los deseos de Bolsonaro, él no es (todavía) un dictador. No tiene el poder de ordenar la prisión de personas. Aún existen tribunales en funcionamiento. Para detener a alguien se tienen que presentar pruebas ante un tribunal de que se cometió un delito. Esa evidencia no existe", escribió el periodista.

La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) alertó de que Bolsonaro "promueve e instiga graves agresiones a la libertad de expresión" al amenazar con "prisión a un periodista que publica informaciones que lo desagradan".

"Sin periodismo libre, las otras libertades también morirán. Basta de persecución", añadió la organización.

A esas críticas también se sumó la Asociación Brasileña de la Prensa (ABI) y el principal partido de la oposición, el progresista Partido de los Trabajadores (PT), que Lula lidera desde la cárcel.

"¡El show de los horrores! Un desfile de prejuicios, autoritarismo y posiciones delictivas. Amenazas a la democracia que no pueden quedar impunes", señaló en Twitter la presidenta de la formación, la diputada federal Gleisi Hoffmann.

En medio del terremoto causado por las filtraciones en The Intercept Brasil, la Policía Federal inició una investigación sobre su origen y el martes detuvo a cuatro sospechosos de piratear los teléfonos móviles de, al parecer, un millar de autoridades, entre fiscales y jueces y políticos de alto nivel.

Entre los objetivos de esos ataques estarían, según la Policía, Moro, Bolsonaro y los presidentes de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, David Alcolumbre, entre muchos otros.

Uno de esos "hackers", identificado como Walter Delgatti Neto, confesó que pirateó los móviles y fue saltando de uno a otro hasta llegar a los de los procuradores de la Lava Jato. Luego, según su testimonio, dio los mensajes a Greenwald sin editarlos ni recibir nada a cambio.

La polémica aumentó después de que, en medio de la investigación que estaba bajo secreto de sumario, Moro avisó a algunas de las autoridades que habían sido víctimas de los piratas y les dijo a estos que el material obtenido en sus celulares de manera ilegal sería destruido.

Ante eso, el PT presentó un recurso ayer en la Corte Suprema para denunciar que Moro cometió un delito de abuso de autoridad y de violación de secretos.

 
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