24-07-2019 / 19:21 h EFE

Las 57 familias que residen en el edificio Venus de La Mina de Sant Adrià de Besòs han interpuesto una reclamación administrativa contra el Consorcio del barrio exigiéndole 5,7 millones de euros por la década de demora en la adjudicación de las nuevas viviendas.

Los vecinos consideran que el Consorcio de La Mina -formado por los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y Barcelona, la Generalitat y la Diputación- debe indemnizar a cada familia en concepto de daños y perjuicios con 100.000 euros por "la demora en la ejecución del proyecto de derrumbe y realojamiento de sus viviendas".

En 2016, las familias ya reclamaron 2,7 millones de euros al Consorcio, pero la demanda acabó siendo desestimada por una cuestión de forma, por lo que ahora han vuelto a intentarlo hasta agotar todas las vías administrativas.

El conflicto se remonta a 2002, cuando se aprobó el Plan Especial de Reordenación y Mejora del Barrio de La Mina (PERM), que preveía, entre otras medidas, la expropiación de los pisos del edificio Venus y el realojo de las familias.

Siete años después, el Consorcio de La Mina, encargado de ejecutar el proyecto, dio luz verde a la expropiación con la exigencia de que los vecinos pagasen más de 30.000 euros para acceder a las nuevas viviendas, lo que provocó que la totalidad de los moradores presentasen alegaciones que fueron desestimadas.

Tal como ha denunciado el colectivo Ronda, que presta asesoría jurídica a los afectados, el conflicto se agravó cuando se anunció que, en lugar de derrocar el edificio, se rehabilitaría para que los moradores pudiesen continuar residiendo en él.

Desde entonces y pese a que el consistorio de la localidad exigió al Consorcio la ejecución íntegra de los compromisos del PERM, el proyecto está paralizado y las nuevas viviendas continúan vacías.

"El peor agravio es la inacción de las administraciones", han lamentado a Efe fuentes del colectivo Ronda, quienes han subrayado que los habitantes del edificio Venus viven en un inmueble "que presenta un estado tal de degradación que constituye no solo un escenario insalubre y peligroso para la salud, sino un verdadero atentado contra la dignidad humana".

Han asegurado, además, que el edificio está "formalmente afectado" desde 2002 y no se han realizado obras de mantenimiento o mejora, por lo que piden al Consorcio que trasmita el expediente al Jurado de Expropiación de Cataluña para que sea este organismo el que determine de forma independiente el valor de las expropiaciones.

De hecho, en 2014 el Síndic de Greuges emitió un informe censurando la "falta de voluntad política por parte de las administraciones involucradas" y denunciando la "degradación física que ha obligado a los vecinos a vivir en condiciones infrahumanas".

Según los juristas, el inmueble cuenta "con escaleras rotas, instalaciones eléctricas maltrechas, cañerías abandonadas y ascensores estropeados", por lo que -alertan- "en cualquier momento se puede lamentar una desgracia personal".

 
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