18-07-2019 / 14:01 h EFE

La Junta de Portavoces del Parlamento Foral ha acordado este jueves solicitar un informe jurídico sobre la tramitación, en un momento previo a la constitución del Gobierno, con un Ejecutivo en funciones y sin haberse creado las comisiones ordinarias, de iniciativas de Navarra Suma sobre política lingüística.

Se trata de la proposición de ley foral sobre el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra y de la moción por la que se insta al Gobierno a paralizar de forma inmediata la aprobación de los planes lingüísticos de los departamentos del Ejecutivo y de sus organismos públicos.

Asimismo, se trata de la solicitud de Navarra Suma de celebración de una sesión extraordinaria del pleno de la Cámara para la toma en consideración de la proposición de ley y para el debate y votación de la moción.

Al término de la reunión de la Comisión Permanente del Legislativo navarro, el parlamentario de Ciudadanos en la coalición Navarra Suma Carlos Pérez Nievas ha considerado que este Gobierno ya está comportándose "como si no estuviera en funciones".

La ley, ha recordado, limita la acción de un Gobierno en funciones a asuntos de mero trámite y no le permite entrar a tomar decisiones de calado, algo que a su juicio no está ocurriendo, pero el Parlamento de Navarra, ha dicho, no puede controlar en este momento al Ejecutivo.

Por ello, el parlamentario ha entendido que la iniciativa de Navarra Suma "se podía perfectamente tramitar" sin necesidad de pedir un informe jurídico.

El portavoz del grupo socialista, Ramón Alzórriz, ha recordado por su parte que el Parlamento de Navarra habilitó los meses de julio y agosto para llevar a cabo el pleno de investidura, no para tramitar cuestiones ordinarias.

Pablo Azkona, de Geroa Bai, ha compartido ese criterio y ha entendido que, por ello, la tramitación de las solicitudes de Navarra Suma se deben posponer al mes de septiembre, ya que ahora "no se dan las condiciones para su debate".

Azkona ha comentado en ese sentido que Geroa Bai se compromete a que todo lo relativo a la política lingüística respete los acuerdos programáticos alcanzados con PSN, Podemos e I-E.

Por ello, ha explicado, se darán un año de plazo para estudiar el funcionamiento de la normativa vigente sobre la utilización del euskera en las administraciones públicas, pero sin "prisas ni ruido mediático".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha defendido la petición de un informe jurídico al tener "muchas dudas" de la capacidad legislativa del Parlamento en este momento.

Araiz ha señalado a los representantes de Navarra Suma que "no se pueden echar las manos a la cabeza" por las actuaciones de este Gobierno de Navarra en funciones, teniendo en cuenta, ha destacado, el comportamiento de ejecutivos anteriores de UPN en circunstancias similares.

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha apuntado que la decisión de solicitar un informe jurídico se debe a que, a su juicio, este tipo de iniciativas tienen que tramitarse en el periodo ordinario de sesiones.

 
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