15-07-2019 / 12:51 h EFE

El presupuesto de Aragón de 2017 fue insuficiente para cubrir necesidades e imprevistos y la Comunidad necesitará si no crecen los ingresos, dado el grave desequilibrio patrimonial que presenta, seguir endeudándose para financiar gasto corriente o reducirlo en al menos 349 millones.

Esa es una de las conclusiones del informe de fiscalización de la cuenta general de Aragón de 2017 elaborado por la Cámara de Cuentas que afecta a trece entidades que representan el 97 % de un presupuesto de gasto de 5.831 millones, el 96 % del personal y el 86 % del activo total.

Según la auditoría, las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera a 31 de diciembre de 2017, así como del resultado económico y del presupuestario, excepto por 19 salvedades, entre las más significativas, "una provisión insuficiente" para hacer frente a responsabilidades, probables o ciertas, por 114 millones.

Entre esos riesgos, la Cámara destaca 25 millones reclamados judicialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza en cumplimiento del convenio para la financiación del tranvía, 20 millones de posible reclamación del Estado en concepto de devolución de fondos del FITE no ejecutados y 15 millones por el pago de prestaciones a la dependencia reconocidas y no pagadas.

El órgano fiscalizador también advierte de compromisos futuros que no figuran contabilizados, como las amortizaciones del préstamo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), los compromisos pendientes con Zaragoza Alta Velocidad por 69 millones, con Aramon por 13,5, con los centros de enseñanza concertada por 150 millones al año y con el Estado por la deuda procedente del sistema de financiación de 2008-2009 que, en total, asciende a 495 millones.

En materia de personal, la Cámara de Cuentas de Aragón echa en falta el reflejo en las cuentas del compromiso retributivo con los funcionarios, por la devolución de la paga extra de 2012, por 20 millones, y con el personal sanitario jubilado, en concepto de complementos de pensión, por otros 15 millones.

La Cámara de Cuentas incide además en el grave desequilibrio patrimonial de la comunidad por el endeudamiento financiero que, al cierre del ejercicio, era de 8.553 millones, el saldo negativo de los fondos propios, por 3.309 millones y remanente de tesorería, también negativo, de 532 millones de euros, lo que evidencia la dificultad para cumplir con las obligaciones a corto plazo.

Estas cifras empeoran si se tienen en cuenta los ajustes identificados por la Cámara, que reducen los fondos propios hasta 3.633 millones de euros y el remanente de tesorería hasta 590 millones de euros, de forma que si los ingresos no aumentan, la Comunidad necesitará seguir endeudándose para financiar el gasto corriente o bien reducir sus gastos en, al menos, 349 millones de euros.

La Cámara de Cuentas constata que Aragón incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria al situarse su déficit en 332 millones, 116 más del objetivo fijado en el 0,6 % del PIB, mientras que la desviación en la regla de gasto fue del 3,2 %, superior al objetivo del 2,1 %. Ambos incumplimientos obligan a la Comunidad a elaborar un Plan Económico-Financiero.

Por el contrario, Aragón sí cumplió los objetivos de deuda financiera (21,5 % del PIB regional) y el objetivo de sostenibilidad de la deuda comercial, con un periodo medio de pago inferior a los 30 días de plazo legal.

El informe también destaca, como incumplimiento de legalidad, la insuficiencia del presupuesto inicialmente aprobado para hacer frente a la actividad de la Comunidad por 272 millones, si bien apunta que los mayores ingresos finales permitieron aprobar modificaciones por 253 millones.

A pesar de ello, los auditores de la Cámara estiman que el gasto realizado en 2017 sin cobertura presupuestaria adecuada y suficiente llegó, al menos, a 37 millones.

Además, para el órgano fiscalizador la Comunidad incumplió el procedimiento de contratación por un importe al menos de 211 millones, que fueron adjudicados sin expediente administrativo ni formalización de contrato (182 millones correspondieron a compras de farmacia hospitalaria, 16 a gasto en implantes, 8 a los servicios de rutas escolares y 5, a servicios de atención a menores y ocupación de plazas residenciales).

La Comunidad tampoco publicó las licitaciones y adjudicaciones de sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, incumplió la obligación de comunicar a la Cámara todos los contratos y, según los auditores, el gasto no comunicado ascendió a 448 millones (437 del Salud).

En cuanto a los contratos menores, se ha detectado riesgo de fraccionamientos al identificar 198 proveedores adjudicatarios de dos o más contratos menores de similar objeto. El importe acumulado de estos contratos ascendió a 12,7 millones.

En materia de personal, en 2017 se mantuvieron incumplimientos señalados en las auditorías de años anteriores, como la existencia de complementos salariales sin cobertura en una norma o reglamento y el pago del complemento de productividad por 104 millones con carácter fijo cuando es un complemento variable y asociado al especial rendimiento.

La Cámara de Cuentas concluye su informe con recomendaciones, entre ellas, fijar en la Ley de Presupuestos el límite del endeudamiento a corto plazo permitido para garantizar la plena cobertura legal de las operaciones que se suscriban o aprobar una nueva Ley de la Función Pública que incluya la estructura retributiva y la carrera profesional de los funcionarios.

La auditoría ya se ha remitido al presidente de Aragón y a las Cortes para su presentación y debate en pleno.

 
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