05-07-2019 / 17:49 h EFE

La inversión en justicia gratuita en la Comunitat Valenciana superó los 35 millones de euros en 2018, el 40 % más que el año anterior, y se tramitaron 110.662 expedientes por parte de los 4.393 letrados del turno de oficio, que atendieron una media mensual de 9.221 asuntos o alrededor de 303 casos diarios.

Estos datos se recogen en el Informe del Observatorio de Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española, en el que se aprecia, según el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, "una importante revisión" de los baremos de honorarios para que los abogados recuperaran el nivel adquisitivo de 2005.

Esta revisión ha sido posible gracias a los trabajos de negociación que el Consejo ha llevado a cabo con la Conselleria de Justicia, según ha informado este órgano.

Durante 2018, el Consejo continuó negociando con la Conselleria para que se dicte un nuevo decreto que no solo incremente los baremos del turno de oficio, sino que además contemple todas las actuaciones realizadas por los letrados en defensa de los intereses de los ciudadanos.

El Consejo señala que tanto la Conselleria como este órgano han llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para que se cumpla el cobro puntualmente de los honorarios correspondientes a los abogados que prestan servicio en el turno de oficio, tal y como ha sucedido en el último año.

El Comité de Expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, formado mayoritariamente por personalidades ajenas al mundo de la abogacía, elabora unas recomendaciones con la finalidad de alcanzar un servicio de asistencia jurídica gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas.

Es necesaria una intervención preceptiva letrada en los casos de asilo y protección internacional, más allá de la asistencia en fronteras, y la entrevista del profesional con el defendido debe garantizar la confidencialidad y se hará de forma individual.

También reclama una asesoría letrada a víctimas de violencia de género previa a la denuncia y a su intervención en la comparecencia de la orden de protección, que en ambos casos será preceptiva; acompasar los requisitos económicos de acceso al beneficio de justicia gratuita con el actual importe del Salario Mínimo Interprofesional; y crear un organismo de seguimiento y observación del sistema que propicie la homogeneización de los criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

 
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