24-06-2019 / 21:10 h EFE

El Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) remitirá esta semana al cónsul de Marruecos una protesta por el trato recibido por tres letrados españoles, dos de ellos colegiados de Baleares, a quienes este domingo se impidió, sin causa justificada alguna, la entrada en el Aaiún.

En consecuencia, se les ha negado la posibilidad de cumplir con su cometido, amparado por el Consejo General de la Abogacía Española, de asistir, como observadores internacionales, al juicio que se sigue en el Tribunal Penal de dicha localidad contra Nazha El Khalidi, trabajadora en el portal electrónico "Equipe Media" en Sáhara Occidental y a quien se acusa de incumplir los requisitos necesarios para ejercer como periodista, una profesión regulada.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares remitirá un escrito a la cónsul general de Marruecos en Mallorca para expresar la "unánime y enérgica protesta" de la junta de gobierno del ICAIB por el trato recibido por los tres letrados, ha informado la entidad colegial en un comunicado.

El impedimento del acceso a El Aaiúún y el posterior regreso "no voluntario" de los abogados colegiados en Baleares Miquel Jerez y Josep Maria Costa y de la letrada canaria Inés Miranda, que iba con ellos, a lo que se une la expulsión padecida en el mes de mayo por siete observadores internacionales con idéntica misión, representa, a juicio del decano del ICAIB Martín Aleñar "un trato inmerecido e indigno a profesionales de la defensa de los derechos de las personas".

Todos ellos viajaron a Marruecos previa comunicación al ministerio de Asuntos Exteriores español y siguiendo los procedimientos habituales que rigen la actividad del Consejo General de la Abogacía Española en apoyo a las misiones de observación judicial para velar por el respeto al derecho de defensa y el derecho a un proceso judicial con las debidas garantías.

En su escrito, Aleñar solicitará a la cónsul que dé traslado de la enérgica protesta del ICAIB a las autoridades de su país, a quienes, como ya hizo el Consejo General en mayo, instan a permitir la labor de los Observadores de Derechos Humanos y a garantizar el derecho de todos los acusados a un juicio con plenas garantías.

 
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