16-06-2019 / 18:30 h EFE

La Audiencia Provincial de Murcia comenzar este lunes el juicio seguido contra un interventor de la Caja Rural Central y otras siete personas que estn acusadas de formar parte, presuntamente, de un entramado financiero que les habra permitido, segn el fiscal, estafar casi 2,3 millones de euros hace ahora una veintena de aos.

En un principio, los investigados eran diez, pero a lo largo del proceso fallecieron dos de ellos, uno, el que era director de la sucursal bancaria de San Pedro del Pinatar, donde prestaba sus servicios el interventor, M.M.

Las conclusiones provisionales de la fiscala, a las que ha tenido acceso Efe, reclaman para cada uno de los acusados seis aos de prisin y multa de 5.475 euros, como autores de un delito continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de estafa.

Los hechos, que se produjeron entre julio de 1999 y marzo de 2001, habran consistido presuntamente, en utilizar un entramado de empresas familiares, a travs de las cuales fueron abiertas 62 lneas de descuento comercial y cuentas corrientes asociadas ficticias a nombre de cedentes reales que no eran clientes de la citada caja de ahorros, sin que los mismos tuvieran conocimiento de las operaciones.

As mismo, siempre segn el ministerio pblico, procedieron a traspasar el valor de los efectos descontados desde las cuentas corrientes ficticias a las de los acusados.

Igualmente, utilizaron, supuestamente, otras 14 lneas de descuento de clientes reales de la entidad bancaria, con traspaso a sus cuentas.

Segn la fiscala, todas esas operaciones habran supuesto un perjuicio para la entidad de ahorro que se acerca a los 2,3 millones de euros, que se pide sean devueltos.

 
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