11-06-2019 / 18:11 h EFE

La Fiscalía ha precisado este martes que la quema de pelusas, práctica que se está extendiendo en diversas provincias, puede tener graves consecuencias, como la comisión de un delito de incendio castigado con elevadas penas privativas de libertad.

Estas penas se evalúan en función de las circunstancias, el lugar, el riesgo para las personas o la afectación a masas forestales, ha recordado el Ministerio Público.

La Fiscalía ha difundido estas consideraciones en un comunicado, tras la celebración de un encuentro, convocado por la Fiscalía Superior, con la asistencia de los fiscales de incendios forestales de las nueve provincias de la Comunidad.

La finalidad de la reunión consistió en la coordinación y en establecer pautas comunes para la actual campaña de incendios forestales.

Fuentes del Ministerio Público han explicado que los asistentes han evaluado las iniciativas preventivas que lleva a cabo la Fiscalía en Castilla y León.

Entre las actuaciones acometidas figuran que los fiscales de cada provincia se han dirigido a las respectivas delegaciones territoriales de Medio Ambiente de la Junta y a distintos consistorios para que adopten medidas adecuadas en relación con los puntos señalados como de alto riesgo en el territorio y el ámbito de sus competencias.

Este control se lleva a cabo sobre vertederos, líneas eléctricas, de ferrocarril, zonas recreativas, de campamentos infantiles y juveniles, situados en terrenos forestales que implican riesgo foresta,

También los fiscales se han dirigido al Seprona para que intensifique las funciones de vigilancia y control en los momentos y lugares de más riesgo, y a la Policía judicial para que todos los atestados que impliquen riesgo de incendio forestal sean remitidos al Ministerio Público, incluidos los atestados en los que no hay autor conocido.

Con esta medida, se pretende contar con una información global y poder así realizar una valoración que pueda servir en el futuro para impulsar actuaciones que eviten nuevos incendios.

La Fiscalía ha recordado el avance de datos estadísticos de Medio Ambiente y Urbanismo e incendios forestales del ejercicio 2018, en el que el Ministerio Público abrió 115 diligencias de investigación frente a las 84 del año anterior, lo que represnta un aumento del 37 por ciento.

De la cifra global, veintisiete lo fueron por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, veintiséis por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, doce por delitos sobre el patrimonio histórico, veintitrés por delitos sobre la protección de la fauna y flora, veinte por incendios forestales y siete por malos tratos a animales domésticos.

A diferencia de años anteriores, en 2018 no se produjeron grandes incendios y el descenso del número de fuegos fue "muy notable", lo que se debió fundamentalmente a las condiciones meteorológicas favorables existentes con un invierno más frío y húmedo de lo normal, una primavera fría y extremadamente húmeda y un verano no excesivamente caluroso.

El más importante se registró el 12 de mayo en la localidad de Santa Coloma de Curueño (León) que afectó a 645 hectáreas de monte y monte bajo y fue probablemente intencionado.

De nuevo el mayor número de incendios se concentró en la zona oeste de la Comunidad, al haberse contabilizado 127 en Zamora, 122 en Salamanca y 115 en León.

 
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