09-06-2019 / 13:09 h EFE

La Dirección General de Consumo de la Junta ha recibido durante 2018 un total de 1.822 solicitudes de arbitraje, lo que ha supuesto un incremento de un 10,83 % respecto al ejercicio anterior, la mayor parte referidas a conflictos en telecomunicaciones, que se incrementaron un 33,6 %.

En este caso concreto, las cuestiones que plantean las personas usuarias se refieren mayoritariamente a incumplimiento de condiciones ofertadas (cobertura, tarifas promocionales, etc.), facturación indebida (SMS, 906, etc.), portabilidades incumplidas y penalizaciones por no permanencia.

En segundo lugar, se encuentran las solicitudes en materia de energía (electricidad y gas), un 32 % de las presentadas a este sistema, en su mayoría por daños de sobretensión o corte de suministro, discrepancias con la facturación, lecturas estimadas o aumento de tarifas.

A continuación se sitúan las solicitudes en materia de enseñanza privada, comercio minorista y otros sectores.

En caso de conflicto con una empresa, los consumidores pueden solicitar el arbitraje de consumo a través de una hoja de quejas y reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía o directamente a través de una solicitud de arbitraje.

El laudo es la resolución que dicta el órgano arbitral, sirve para dirimir un conflicto entre dos o más partes y tiene carácter vinculante, al ser de obligado cumplimiento para las mismas y contar con misma eficacia que una sentencia judicial.

 
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