08-06-2019 / 21:49 h EFE

La iniciativa de una Ley de Amnistía, propuesta por los sandinistas, busca proteger a los "paramilitares" por los crímenes cometidos durante la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y a decenas de miles en el exilio, denunció este sábado una alianza opositora.

"La Ley de Amnistía presentada por el régimen es una ley de impunidad, porque pretende proteger los crímenes que ha cometido a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares", declaró la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Ejecutivo en la mesa de negociación con la que intentan superar la crisis.

El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, discute este sábado con carácter urgente una Ley de Amnistía que absolvería de responsabilidad a quienes han cometido delitos durante la crisis.

La iniciativa, propuesta por el grupo parlamentario sandinista, que es mayoría absoluta en el Congreso, concede "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha".

Según la versión de la Alianza Cívica, en Nicaragua a partir del 18 abril de 2018 "el régimen implementó una política de violenta represión y sistemática violación contra la población que ejercía su derecho constitucional a la protesta cívica y pacífica", por lo que esa iniciativa busca proteger a los suyos.

La oposición observó que esa iniciativa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, "ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos"

"Los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, ni prescriben", argumentó.

Asimismo, la Alianza Cívica insistió en crear una Comisión de la Verdad imparcial y creíble, una fiscalía especial, e instalar un sistema de Justicia transicional y el compromiso del Estado de no repetición de tales crisis.

La propuesta de ley ha recibido un amplio rechazo de diversos sectores adversos al Gobierno bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno.

También porque la ley está basada en la tesis oficial de que las manifestaciones antigubernamentales supusieron un intento de golpe de Estado contra el presidente del país, Daniel Ortega.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 594 el número de las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 -a las que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento de golpe de Estado en su contra.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tutelado por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad durante el conflicto.

Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco las acusaciones sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Agosto 2019
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD