08-06-2019 / 19:59 h EFE

La empresa Agrobionest S.L. ha sido sancionada al pago de 141.837 euros por la extracción de aguas subterráneas de cinco pozos y el riego de 76 hectáreas de naranjos, arándanos y frambuesas sin autorización en las fincas La Cañada y Maltalagrana, en Almonte (Huelva).

Así se recoge en la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de junio de 2016, ratificada ahora por la Audiencia Nacional en una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil contra la misma.

Dicha resolución recoge además del pago de esta multa por la comisión de una infracción tipificada el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la obligación de indemnizar los daños causados al Dominio Público Hidráulico (DPH) en la cantidad de 42.550,98 euros. euros.

La Audiencia resalta, tras analizar la información obrante en el procedimiento, que la solicitud de Agrobionest a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) respecto a la inscripción de los cuatro pozos en el Catálogo de Aguas Privadas de ese Organismo fue inadmitida a trámite en 2004 y reiterada en 2007; asimismo recuerda que dicha pretensión también fue rechazada en vía judicial.

Por tanto, entiende el tribunal que "no ha resultado probada la titularidad privada de los cuatro pozos cuya extracción de agua se sanciona".

Asimismo, destaca que obran en el expediente administrativo actas de inspección de guardas de la CHG e informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que hacen constar que la superficie referente a la finca Matalagrana no está incluida en la Propuesta del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, sí la finca La Cañada.

También constan sendos informes de valoración de daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico llevados a cabo por el servicio de análisis de la CHG.

En definitiva, considera la Audiencia que ha de estimarse acreditada la comisión de la infracción por cuya autoría ha sido sancionada la entidad demandante ya que ha dañado el dominio público hidráulico, ha extraído aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización y ha incumplido las prohibiciones establecidas en la Ley.

 
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