04-06-2019 / 14:29 h EFE

Un total de 77 de los 241 beneficiaros de las subvenciones a la explotación del transporte público regular para viajeros por carretera, esto es el 32 por ciento, continúan prestando y cobrando por el servicio aunque su autorización administrativa ya ha finalizado, según ha detectado el Consejo de Cuentas de la Comunidad.

En el informe sobre esas subvenciones de 2018, publicado hoy, con 12,9 millones de euros a cargo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 241 beneficiarios de ese servicio, se recogen hasta catorce conclusiones con siete recomendaciones.

El Consejo de Cuentas opina que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, "incumpliendo lo dispuesto en la orden de 2009 sobre las bases reguladoras para la concesión de esta subvención, financia un déficit de la explotación que no se corresponde con el real de los servicios de transporte, por lo que no se acredita que la cuantía subvencionada restablezca el equilibrio económico del contrato de gestión del servicio público".

E indica que "también se incumple la Ley General de Subvenciones por la incorrecta delimitación del beneficiario en las bases reguladoras, ya que resultan beneficiarios titulares de autorizaciones administrativas especiales cuya vigencia ha finalizado, pero que continúan prestando el servicio, y a los que se compensa el déficit ocasionado a través de una convocatoria que no los contempla como posibles beneficiarios".

Además, "las modificaciones de los contratos para introducir el transporte a la demanda no reúnen los requisitos mínimos previstos en la legislación y el cálculo de la cuantía de la subvención difiere del previsto en las bases reguladoras".

En cuanto a la implantación del transporte metropolitano (Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid), con carácter general, no se tramita a través de los procedimientos de coordinación establecidos en la normativa autonómica.

El informe recoge que en los casos de Burgos y Segovia se incumple lo dispuesto en las bases reguladoras en relación a que la cuantía de la subvención del transporte debe corresponderse con el importe del déficit del servicio, no quedando debidamente justificados los costes y detectándose errores en el cálculo del déficit.

En cuanto a Salamanca, León y Valladolid, no se financia el déficit de explotación sino una bonificación de la tarifa.

En sus recomendaciones, se aconseja a la Dirección General de Transportes que regularice la situación de los titulares de las desaparecidas autorizaciones administrativas especiales, mediante la tramitación de un contrato de concesión de servicios.

Además, "en las convocatorias de subvenciones futuras para financiar el déficit de la explotación hasta la adjudicación de los nuevos contratos, debe modificarse la base que regula la determinación de la cuantía individual de la subvención de manera que refleje la estructura real de costes e ingresos que va a ser utilizada para cuantificar el importe".

También se debe valorar la conveniencia de anticipar la convocatoria de subvención a la vista de los problemas de gestión que plantea la cercanía del cierre del ejercicio.

En relación con el transporte metropolitano, e independientemente de la tramitación del nuevo contrato que incluya la gestión de la totalidad de las rutas de transporte, se debe regularizar la situación de las diferentes actuaciones desarrolladas para su gestión.

Por último, la Dirección General de Transportes debe financiar las bonificaciones de los precios de utilización del transporte metropolitano de Salamanca, León y Valladolid, en una línea de subvención independiente, adaptada a la finalidad y objeto financiado.

 
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