03-06-2019 / 18:39 h EFE

La Audiencia de Cantabria ha estimado parcialmente recursos de tres de los condenados en el juicio de la operación "Trigo Limpio", por evasión fiscal, y rebaja la pena de cárcel a los dos principales acusados, el intermediador inmobiliario y el abogado, de ocho años de cárcel a siete y de seis años a cuatro.

En una sentencia fechada hace pocos días a la que ha tenido acceso Efe, la Audiencia rechaza gran parte de los argumentos de los recursos, pero acepta parte de lo alegado por el intermediador inmobiliario y el abogado, y también hace caso de una de las reclamaciones de un tercer condenado, que tuvo una pena menor.

Al intermediado inmobiliario le retira la condena por uno de los delitos contra la Hacienda Pública en concurso con falsedad documental, porque se declara prescrito el delito fiscal por el IRPF de 2003, que eran 170.489,92 euros. Y la pena de cárcel pasa de ocho años a siete.

Tras estudiar el recurso, los magistrados de la sección primera de la Audiencia también le quitan al abogado la condena que le habían impuesto en dos de los delitos contra la Hacienda Pública en concurso con falsedad documental.

Y queda por tanto absuelto también del delito fiscal de 2003 y además le retiran la condena por el impuesto de sociedades de 2005, por valor de 157.588,71 euros.

Se queda así en cuatro condenas de ese tipo en lugar de seis, y la pena se reduce de seis años de cárcel a cuatro.

Las cantidades (170.489,92 y 157.588,71 euros) se deducen de la indemnización millonaria que estos dos acusados tienen que abonar.

El juicio por esta causa se celebró entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2016, pero la sentencia de primera instancia no llegó hasta octubre de 2017.

Se sentaron en el banquillo doce personas, acusadas de participar en esta trama para defraudar impuestos después de una instrucción que duró diez años, lo que le valió a los condenados que les aplicaran la atenuante de dilaciones indebidas.

Los dos principales acusados, el intermediador inmobiliario y el abogado, recibieron inicialmente penas de ocho y seis años de cárcel, respectivamente, que ahora la Audiencia ha atenuado.

A los otros acusados, una decena, se les imputaban delitos de falsedad documental. De ellos uno fue absuelto, siete fueron condenados a seis meses de prisión y los otros dos a dos meses, junto a multas de pequeña cuantía.

Para la juez de primera instancia, del material probatorio (32 tomos y más de 3.000 folios) quedó acreditado que el abogado facilitó desde 2003 el entramado defraudatorio a personas físicas y jurídicas dedicadas al tráfico inmobiliario.

Para ello, ofrecía instrumentos de "ocultación de los verdaderos partícipes" y de las rentas obtenidas para eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y lo hacía con sociedades fantasma, carentes de actividad mercantil o infraestructura.

Además, el abogado confeccionaba facturas que no correspondían a la realidad con el mismo fin de no pagar impuestos, de modo que daban cobertura a las operaciones inmobiliarias pero sin recoger a quienes realmente participaban en ellas y con cifras ficticias.

Para ejecutar el plan, consiguió la cooperación de un hombre con escasos recursos económicos que actuaba como testaferro y que no fue juzgado en este procedimiento.

Esta persona acudía a las notarias para firmar documentos y a las entidades bancarias, y se convirtió en el hombre de confianza del abogado.

Llegó a aparecer como administrador de catorce sociedades, a pesar de que vivía en un bungalow de quince metros cuadrados que no tenía ni agua corriente.

El otro principal acusado, el mediador inmobiliario, se dedicaba a la compraventa de inmuebles, la adquisición y cesión de derechos sobre ellos y la intermediación en estas transacciones desde 2002.

Para mantener ocultos sus rendimientos o modificarlos, en 2003 acudió al abogado y creador de la trama.

El Juzgado le condenó por eludir el pago del IRPF y del Impuesto de Sociedades y le inhabilitó, junto al abogado, para el ejercicio profesional durante un año y medio.

También les retiró el derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un año y tres meses.

La sentencia del Juzgado de lo Penal fue recurrida por cuatro de los condenados: el mediador inmobiliario el abogado y otros dos, pero solo se aceptan parte de sus argumentos.

Entre lo que alegaban estaba la supuesta falta de imparcialidad de la juez de primera instancia y vulneración de las normas de reparto, por lo que a su entender el procedimiento era nulo y estaba viciado en origen.

Pero la Audiencia lo rechaza y entiende que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental.

Además, los dos principales acusados también aducían que dos de los peritos que intervinieron en el proceso no eran imparciales, ya que participaron como denunciantes de la acusación particular, pero la Audiencia no lo ve así.

El tribunal establece que la vinculación laboral de los funcionarios con el Estado que ejercita la acusación "no genera en absoluto interés personal".

La Audiencia también avala las escuchas telefónicas, porque no fueron prospectivas y venían corroboradas por indicios, y la cadena de custodia de los documentos intervenidos en los registros.

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Noviembre 2019
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 30
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD