02-06-2019 / 18:09 h EFE

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Regióón de Murcia ha dado la razón a un contribuyente en la controversia que mantenía con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que le exigió que declarara lo percibido por gastos de viaje en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pese a que estaba exento de ello.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que la administración tributaria le efectuó una liquidación paralela y le exigió el pago de 5.358 euros por las cantidades dejadas de ingresar y por la multa que se le impuso.

Para Hacienda, el contribuyente, que era administrador y socio de una empresa, no había acreditado que también fuera trabajador dependiente de la misma, por lo que le exigió el pago de dicha suma al entender que no tenía derecho a no declarar lo percibido por gastos de viaje.

El asunto llegó al Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia, que en una resolución que ahora se revoca por el TSJ estimó en parte la demanda del afectado y ordenó a la AEAT retrotraer las actuaciones porque esta no le había pedido la documentación precisa para probar su situación en la empresa y, en consecuencia, poder deducir si estaba exento de tributar por dicho concepto.

Dice la Sala que el Tribunal Econóómico, con esa decisión, daba una nueva oportunidad a los inspectores tributarios para ajustar su resolución al ordenamiento jurídico.

Y comenta que ""es evidente que el tribunal no anuló la liquidación por falta de motivación o por la concurrencia de algún otro defecto formal, sino por entender que el órgano de gestión la había dictado sin las pruebas suficientes, señalando que hasta de hacerlo debía haber requerido al interesado para que aportara la documentación necesaria"".

Y concluye que el defecto consistente en liquidar considerando que no mediaba relación de dependencia del trabajador por el mero hecho de ser administrador y titular del 50 por ciento del capital social no era un defecto procedimental.

"Se trata, por el contrario, de un defecto sustantivo, que hacía improcedente la retroacción de actuaciones y obligaba al Tribunal Económico Administrativo Regional a resolver entrando en el fondo del asunto, aunque tuviera que estimar la reclamación"".

Al no haber hecho así, su resolución queda anulada, lo mismo que la liquidación de la AEAT.

La sentencia condena a la administración al pago de las costas generadas por el recurso.

 
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