30-05-2019 / 21:19 h EFE

La defensa de Tamara Carasco, la mujer de Viladecans que estuvo confinada en su municipio durante más de un año, ha anunciado este jueves que seguirán “luchando por la absolución y la declaración de inocencia total, hasta la reparación del daño que el Estado español le ha causado”.

Así lo ha asegurado su abogado Benet Salellas, en una rueda de prensa donde Carrasco ha celebrado el levantamiento de las medidas cautelares pero ha subrayado que no quiere aceptar su nueva situación “como un mal menor” y ha considerado que “esto no se debería haber producido nunca”.

Carrasco ha explicado que el levantamiento de las medidas cautelares “no significa que todo haya acabado” y ha asegurado que aún le queda un “largo camino por delante”, ya que el juzgado encargado de su caso aún puede decidir si archiva el caso o pide una investigación.

La activista fue detenida el 10 de abril de 2018 en el marco de una investigación de la Guardia Civil dirigida por la Audiencia Nacional que la acusaba, en un primer momento, de rebelión y terrorismo, aunque posteriormente renunció al caso por falta de pruebas.

Según Salellas, se trató de una “operación de Estado que buscaba construir el falso relato de la violencia en el ejercicio de la protesta del movimiento independentista” y que tenía “objetivos estrictamente políticos y de intimidación hacía las personas de los CDR”.

El abogado ha anunciado que seguirán "luchando por la absolución y la declaración de inocencia total de Tamara y hasta la reparación absoluta del daño que el Estado español le ha causado”.

Carrasco ha considerado que fue “una cabeza de turco” y que la querían “asustar” para que “renunciara” a sus principios, pero ha asegurado que continuará “luchando por lo que creo que es justo” y seguirá ejerciendo sus derechos.

Asimismo, ha asegurado que quiere “recuperar el tiempo perdido” y ha pedido que se respete sus “decisiones e intimidad” para “coger fuerzas”.

En relación con el documento del grupo de trabajo de la ONU que critica la prisión de Junqueras, Sànchez y Cuixart, Salellas ha comparado el caso de Tamara con el del presidente de Òmnium al tratarse en ambos casos de “personas de la sociedad civil que por el ejercicio del derecho a protesta están siendo represaliadas”.

 
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