28-05-2019 / 22:39 h EFE

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para superar la crisis de Nicaragua, denunció este martes "asedio y amenazas" contra sus integrantes a cargo de la Policía Nacional.

La Alianza criticó "el asedio y amenazas en contra de varios de sus miembros", además de "mensajes de odio y violencia" en los últimos días, después de que sus integrantes decidieran no volver a las negociaciones hasta que el Ejecutivo cumpla con los acuerdos alcanzados en marzo pasado.

El caso más reciente reportado por la oposición fue el de "un abusivo operativo policial en contra del establecimiento comercial" de un hijo del exdiplomático Carlos Tünnermann, integrante de la Alianza y uno de los personajes más ilustres de Nicaragua.

Agentes policiales llegaron ayer al establecimiento, dedicado a la distribución de azúcar en el Mercado Oriental, el más grande de Nicaragua, y decomisaron los discos duros de los ordenadores y arrestaron al gerente, sin dar explicaciones.

"La medida represiva se motiva obviamente por el destacado e histórico papel del doctor Tünnermann en la lucha por la justicia y la democracia", indicó la Alianza en un comunicado.

La Alianza agregó que, desde su constitución en mayo de 2018, "el régimen ha desplegado diversas tácticas que buscan intimidar y neutralizar a sus miembros".

Entre ellas citó el arresto de Medardo Mairena, Edwin Carcache, Freddy Navas y Lener Fonseca, "quienes son presos políticos y están encarcelados en celdas de castigo y máxima seguridad", así como los estudiantes José Ramón Gonzáles y Jonathan López, que fueron capturados y luego excarcelados.

Amenazas de muerte, acoso, asedio o invasiones de propiedad, entre otros "actos represivos", fueron denunciados por la Alianza opositora, acciones por las que algunos se han visto obligados "a vivir fuera de sus hogares, exiliarse y tomar otras medidas de seguridad".

Las acciones contra Tünnermann, "así como las perpetradas en contra de establecimientos que apoyaron el reciente Paro Nacional (del jueves pasado), sólo confirma el estado policial y de excepción que vivimos los nicaragüenses, conducida por una Policía partidaria y represiva", agregó.

La Alianza afirmó que seguirá "luchando por los derechos de los nicaragüenses, que a diario son violentados por una dictadura que se atornilla al poder a toda costa".

Las negociaciones se suspendieron oficialmente el 3 de abril pasado y los esfuerzos por retomarlas fueron dejados a un lado por la Alianza, después de que un considerado "preso político" muriera al recibir un disparo de un guarda en prisión, en condiciones no claras.

El reo habría muerto si el Gobierno hubiera cumplido su compromiso de liberar a los cientos de "presos políticos" de Nicaragua en marzo y ahora nada garantiza la supervivencia de los convictos bajo tutela del Ejecutivo, según la Alianza.

Desde el estallido social de abril de 2018, al menos 325 personas han muerto en la crisis sociopolítica de Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras ONG locales hablan de 694 y el Gobierno reconoce 199.

 
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