24-05-2019 / 20:09 h EFE

El consejero presidencial para la Estabilizacin y la Consolidacin de Colombia, Emilio Jos Archila, calific este viernes de "irresponsable" la afirmacin del diario estadounidense The New York Times de que 3.000 exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz retomaron las armas.

Segn Archila, el total de excombatientes acreditados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz por haberse acogido al acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC el 24 de noviembre de 2016 fue de 13.000 y en el censo que hizo este ao la Agencia para la Reincorporacin y la Normalizacin (ARN) se contabilizaron 10.000 excombatientes.

"Es irresponsable pensar que los 3.000 que no estn en el censo volvieron a delinquir", dijo Archila en un vdeo en respuesta al editorial "La paz en Colombia es muy preciada para abandonarla", que public este viernes el diario y en la que dice que casi tres aos despus de la firma del acuerdo "la paz podra estar deshacindose".

El editorial menciona asimismo que el presidente colombiano, Ivn Duque, ha "saboteado los avances pacficos" y que "hasta 3.000 militantes (de las FARC) han reanudado los combates. El Ejrcito ha intensificado los ataques contra militantes y presuntos criminales, lo que lleva incluso a algunos oficiales a temer que tcticas tan agresivas conduzcan a la muerte de civiles".

Al respecto, Archila aclar que el Gobierno "no est saboteando" el acuerdo, sino que, al contrario, se est "fortaleciendo con una implementacin muy bien planeada y esfuerzos robustos".

"Somos respetuosos de todas las editoriales, pero en este caso The New York Times fue bastante superficial en las fuentes que consult. Ese editorial no dudara en calificarlo de superficial porque no consulta los hechos", agreg.

El diario neoyorquino revel en un artculo publicado el pasado 18 de mayo que la poltica del Ejrcito colombiano para mejorar los resultados operacionales puede poner en riesgo a civiles y revivir la tctica de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el pas como "falsos positivos", lo que dio pie a una agria controversia con el Gobierno.

Dichas ejecuciones fueron cometidas por miembros de la fuerza pblica en la dcada pasada cuando reclutaban en distintas partes del pas a jvenes, en su mayora desempleados e incluso algunos discapacitados, a quienes ofrecan un trabajo que resultaba ser un anzuelo para llevarlos a otros lugares donde los ejecutaban y los presentaban como guerrilleros muertos en combate.

Esa tctica era utilizada por los militares para mejorar sus resultados en la lucha antiguerrilla y de esta forma recibir, permisos, premios e incluso ascensos.

La Fiscala colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crmenes cometidos con ocasin del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz con las FARC.

Segn el reportaje, en Colombia hay una orden para que los militares no "exijan perfeccin" al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque, y algunos militares han sealado que eso implica desproteger a inocentes y ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

 
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