20-05-2019 / 14:20 h EFE

Cataluña ha perdido desde 2015 un 5,9% de jueces, debido a la eliminación de los de refuerzo, hasta situarse por debajo de la media española, mientras que por primera vez desde el inicio de la crisis el número de asuntos pendientes de resolver en los juzgados supera el de los ingresados.

Así se desprende del tercer informe sobre el estado de la justicia elaborado por la Cátedra del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) y el Observatorio Social y Económico de la Justicia de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que se ha presentado este lunes en Barcelona en un acto al que ha asistido la consellera de Justicia, Ester Capella.

El estudio revela que el número de jueces que ejercen en Cataluña se redujo en un 5,9% entre los años 2015 y 2017, lo que revierte la tendencia al alza de los años previos, por la desaparición de los adscritos de refuerzo.

De esa forma, el índice de jueces y magistrados en Cataluña se sitúa en 10,8 por cada 100.000 habitantes, un punto por debajo de la media estatal y aproximadamente en la mitad de los países de la Unión Europea, que es de 21,2 por cada 100.000 habitantes.

Coincidiendo con esa disminución de profesionales, el informe detecta un aumento del 5,8% de la actividad judicial entre los años 2016 y 2017, con lo que el número de asuntos que lleva cada magistrado se ha incrementado en un 9,4% en un solo año.

Ante esa situación, alertan los autores del informe, por primera vez desde los inicios de la crisis económica en 2009, el número de asuntos pendientes de resolver en el año 2018 superó al de ingresados, lo que rompe con la tendencia a la baja de anteriores ejercicios.

Con esas cifras, sostiene el estudio del CICAC y la UAB, serían necesarios cinco meses de dedicación exclusiva para resolver el número de asuntos pendientes acumulados desde el año anterior, una tasa que es prácticamente idéntica a la media española.

Por el contrario, el informe constata la mejora en la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales, en que los asuntos pendientes se han reducido en un 11,5%.

Según el informe, el 33,7% del centenar de abogados que fueron encuestados en el año 2018 consideran que la administración de justicia en Cataluña funciona mal o muy mal -con una valoración algo más optimista entre el colectivo de los abogados laboralistas y más negativa entre los penalistas-, frente al 56,6% que creen que funciona regular y un 9,6% que lo hace bien.

Asimismo, el 59,1% de los abogados encuestados sostiene que la imagen que proyecta la administración de justicia es claramente o más bien anticuada, frente a solo un 1,2% que la juzga moderna.

Respecto al trato recibido por los jueces y magistrados, un 56,3% de los abogados lo considera bueno o muy bueno, porcentaje que desciende hasta el 40,8% en cuanto a la valoración de los letrados de la administración de justicia y hasta el 53,7% en el caso del personal del juzgado.

En relación con las víctimas y los condenados a penas de cárcel, los abogados entrevistados valoraron en un 2,8% sobre 5 el trato dispensado por parte del sistema de justicia penal, añade el informe.

La consellera de Justicia ha lamentado el "aprobado muy justo" que los abogados dan al trato recibido por las víctimas de los delitos y los presos: "eso no nos lo podemos permitir, es una lesión de los derechos fundamentales y no deberíamos tolerarlo", ha considerado.

La Cátedra UAB-CICAC ha presentado otro informe sobre la valoración de abogados que han gestionado casos amparados por la ley de segunda oportunidad, que permite acuerdos extrajudiciales para reducir las cargas de las familias, autónomos y pequeños empresarios ahogados por las deudas.

El informe alerta de la "infrautilización" de esa normativa en Cataluña, donde en 2018 se tramitaron un total de 1.130 procedimientos por la ley de segunda oportunidad, frente a los cerca de 100.000 contabilizados en Alemania o los 90.000 de Inglaterra, lo que el informe atribuye al desconocimiento de la existencia de esa alternativa para casos de endeudamientos desmesurados.

Con todo, Cataluña se sitúa por encima de la media española en cuanto a utilización de la ley de segunda oportunidad: el año pasado se contabilizaron un total de 3.273 procedimientos en todo el Estado basados en esa normativa, estadística que no incluye los casos de autónomos o pequeños empresarios.

 
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