16-05-2019 / 23:39 h EFE

Burkina Faso, escenario reciente de varios atentados, pidió este jueves en la ONU una gran coalición internacional para combatir el terrorismo en la región del Sahel.

"La lucha contra el terrorismo y otras actividades criminales vinculadas en la región del Sahel es una responsabilidad colectiva y debe ser tratada con la misma determinación que hubo en Irak y en Afganistán", defendió el ministro de Exteriores del país, Alpha Barry, en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Los países de la zona -agrupados en el G5 Sahel, que actualmente preside Burkina Faso- cuentan con una fuerza antiterrorista conjunta que comenzó a operar en 2017 pero que por ahora no ha logrado grandes progresos contra los grupos yihadistas.

Según Barry, dada la "naturaleza urgente" de las acciones que hay que tomar, el G5 (que forman Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger) no puede responder en solitario.

"Es hora de que la comunidad internacional considere la creación de una coalición internacional para combatir el fenómeno del terrorismo" en todo el Sahel, dijo el ministro.

Barry pidió además a las potencias una "posición clara" para resolver la crisis en Libia, un país que Burkina Faso ve como una incubadora de terroristas y criminales que desestabilizan la región.

El país africano se pronunció así durante una reunión para pasar revista a los esfuerzos antiterroristas del G5, que han sido respaldados por la ONU, pero sin demasiado vigor dadas las diferencias dentro del Consejo de Seguridad.

La responsable para África en Naciones Unidas, Bintou Keita, reconoció este jueves que la situación en la región sigue siendo "extremadamente preocupante", con una "inseguridad creciente" y un aumento del "extremismo violento".

El pasado domingo, seis personas murieron en un ataque de hombres armados contra una iglesia católica en el norte de Burkina Faso, después de que el 28 de mayo un templo protestante fuese también escenario de un atentado.

El ascenso del terrorismo en Burkina Faso comenzó en abril de 2015, cuando miembros de un grupo afiliado a Al Qaeda secuestraron a un guardia de seguridad rumano en una mina de manganeso en Tambao, al norte del país, y que aún sigue desaparecido.

Desde entonces, el número de ataques, que se atribuyen al grupo local, Ansarul Islam; a la coalición yihadista del Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes (GSIM), y al Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), ha ido aumentando de forma exponencial.

 
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