14-05-2019 / 16:50 h EFE

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha celebrado este martes un juicio en el que se piden siete años de prisión para un matrimonio responsable de una empresa de Segorbe, después de que un trabajador de la misma, que no contaba con contrato ni alta en la Seguridad Social, sufriera un accidente con una motosierra que estaba en mal estado.

También se piden 2 años de prisión para los dos responsables de la empresa de València que subcontrató a la de Segorbe para realizar la tala.

Según el relato de la acusación del Ministerio Fiscal, una empresa domiciliada en València dedicada al aserradero de maderas y venta de leñas subcontrató a otra de Segorbe para talar unos 15.000 pinos que habían sido comprados al Ayuntamiento de Zucaina.

Para la empresa subcontratada trabajaba la víctima, un hombre que no hablaba español y que fue contratado para trabajar 60 horas semanales -de lunes a domingo sin descanso- por un salario de entre 1.300 y 1.600 euros- sin que conste que el trabajador tuviera contrato laboral ni fuera dado de alta en la Seguridad Social.

El trabajador no recibió ningún curso de prevención en materia de prevención de riesgos laborales ni se le dotó de las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo su actividad.

El 17 de febrero de 2015, la víctima estaba talando árboles en un terreno entre Zucaina y Montanejos con una motosierra facilitada por la empresa subcontratada que "carecía de cierre de seguridad". Se produjo la caída de una rama de grandes dimensiones que golpeó la motosierra, lo que provocó que el elemento cortante de la misma impactara sobre el brazo izquierdo del trabajador.

El hombre sufrió lesiones en el brazo y antebrazo izquierdo como heridas, sección de la arteria, lesión nerviosa y lesión miotendiosa, además de afectación al hueso, que precisaron asistencia sanitaria, intervenciones quirúrgicas complejas y rehabilitación.

Las lesiones tardaron en sanar 576 días, 12 de ellos de hospitalización, y le han dejado secuelas graves.

La causa fundamental del accidente, según el fiscal, fue permitir que el trabajador desarrollara sus funciones utilizando un equipo que estaba en mal estado.

Los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores -del que son responsables la administradora y el encargado de la subcontrata- y de un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo -del que son responsables la administradora y el encargado de la subcontrata y la administradora y el encargado de la empresa de València-.

Y pide para los responsables de la subcontrata una pena de 7 años de prisión y la pena de multa de 13.000 euros y para los responsables de la empresa de València, una pena de 2 años de prisión y 7.500 euros de multa.

 
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