08-05-2019 / 16:21 h EFE

Los delitos por corrupción crecieron significativamente en la provincia de Cáceres en el año 2018, mientras que los de violencia de género experimentaron un ligero descenso, según refleja el avance de la Memoria de la Fiscalía presentada este miércoles en los juzgados cacereños.

En concreto, los datos arrojan que se produce un incremento en asuntos de corrupción, y los procesos más comunes son el de prevaricación administrativa y urbanística.

Según la memoria, en el año 2018 se calificaron 20 delitos contra la administración pública en contraste con el año anterior, cuando se calificaron solo tres.

A demás se dictaron 16 sentencias -4 en 2017-, según los datos hechos públicos por la fiscal jefe provincial de Cáceres, Marta Abellán.

El tipo penal más común de delitos denunciados contra cargos públicos ha sido la prevaricación administrativa por fraudes en subvenciones, y los nombramientos ilegales.

Si en 2017 se dio un solo caso, el año pasado fueron siete delitos denunciados, con cinco sentencias dictadas.

Abellán ha especificado que ha aumentado un 17 por ciento la investigación por denuncias de delitos de prevaricación urbanística, sobre todo en el norte de la provincia, relacionadas con construcciones ilegales y casos similares.

Por su parte, la fiscal delegada en el área de violencia de género, Amalia Cortés, ha destacado un sensible descenso en los delitos por violencia machista, sin aportar datos concretos.

Ha apuntado que “muchos" de estos casos se solventan en juicios rápidos, "que implican una respuesta realmente eficaz a las situaciones de violencia antes de acudir a los procedimientos judiciales”.

También en 2018 disminuyeron los delitos cometidos por jóvenes de 14 a 18 años, según ha explicado la fiscal delegada de menores, Yolanda Fortes, que ha señalado como delitos más habituales, los de lesiones, peleas y conducción sin permiso.

En esta línea, y en relación a los delitos de acoso escolar, Fortes ha puntualizado que en la provincia de Cáceres no se han registrado casos graves, pese a que se denunciaron situaciones que, tras la investigación, fueron consideradas amenaza leve, que no alcanza el concepto penal de acoso.

Lo que sí han sufrido una importante incremento en el año 2018 son los delitos de estafas informáticas, hasta un 60 por ciento.

La Fiscalía también aumentó su actividad en los delitos contra la vida, con nueve homicidios -dos más que en 2017-, cuatro de forma dolosa y cinco casos por imprudencia.

Por último, los delitos contra el patrimonio han descendido de 332 en 2017 a 310 en 2018, un 7 por ciento, y entre ellos, el robo con violencia ha disminuido un 21 por ciento.

 
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