07-05-2019 / 22:00 h EFE

Hoy empezaron en Quebec seis días de consultas públicas sobre un polémico proyecto de ley que prohibirá que cualquier funcionario público porte símbolos religiosos como un crucifijo, un velo islámico o la kipá judía.

Una vez entré en vigor, profesores, agentes de Policía, conductores de autobuses públicos o cualquier funcionario que trabaja en contacto con el público tendrán prohibido mostrar cualquier símbolo considerado religioso.

Grupos que representan a musulmanes, cristianos, judíos y sijs denunciaron que los legisladores que redactaron el proyecto de ley nunca les consultaron y que tampoco se les ha permitido participar en las consultas públicas iniciadas hoy y que se realizan en el parlamento provincial, la llamada Asamblea Nacional de Quebec.

Tanto la reverenda Paula Kline, de la Iglesia Unida de Canadá, como el rabino Avi Finegold protestaron ante los medios de comunicación la exclusión de los grupos religiosos de las consultas.

"Es muy decepcionante y es muy preocupante también que estas voces no sean escuchadas", dijo Kline. Por su parte, Finegold afirmó que "claramente no parece que sea una genuina consulta pública".

Mientras, Sara Abou-Bakr, del Consejo Nacional de Canadienses Musulmanes, afirmó que las autoridades quebequesas se niegan a escuchar a ciudadanos y que al mismo tiempo están imponiendo lo que los individuos pueden o no llevar.

Otros grupos que habían solicitado intervenir en las consultas públicas, como la Asociación de Abogados de Quebec, decidieron no comparecer en protesta por la exclusión de las organizaciones religiosas.

Quienes sí está previsto que participen son la comisión de derechos humanos de Quebec, el Centro de Israel y Asuntos Judíos y el filósofo Charles Taylor, todos ellos opuestos al proyecto de ley.

Pero la mayoría de los 36 individuos que está previsto intervengan en las consultas son partidarios del polémico proyecto de ley, aunque algunos consideran que debería ampliar su ámbito y ser más restrictivo.

Una de ellas, Djemila Benhabib, del grupo Colectivo ciudadano para la igualdad y el laicismo, afirmó hoy durante su comparecencia que "las mujeres que llevan el hijab están participando en la toma de rehenes emocional cuando dicen que no se lo quitarán. Las considero fundamentalistas".

El ministro de Inmigración de Quebec, Simon Jolin-Barrette, del partido Coalition Avenir Québec (CAQ) y que patrocinó el proyecto de ley, declaró al inicio de las vistas que "el Gobierno de Quebec está convencido de que ha hallado el equilibrio adecuado entre los derechos individuales y los derechos colectivos".

El proyecto de ley fue una de las promesas electorales del CAQ, que el año pasado rompió el tradicional bipartidismo entre el soberanista Partido Quebequés (PQ) y el federalista Partido Liberal (PL) y es la primera vez que gobierna la provincia francófona canadiense.

El CAQ cuenta con 74 de los 125 escaños de la Asamblea Nacional, por lo que está garantizada la aprobación del proyecto de ley.

El Gobierno federal canadiense ha expresado su oposición a la iniciativa legal y la considera anticonstitucional.

Pero el Gobierno de Quebec ha recurrido a la sección 33 de la Carta de los Derechos y las Libertades de la Constitución canadiense, un artículo excepcional que permite a las legislaturas provinciales aprobar leyes aunque sean declaradas anticonstitucionales por los tribunales.

 
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