01-05-2019 / 20:10 h EFE

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua señalaron este miércoles la necesidad de renovación en los poderes Electoral y Judicial, para fortalecer la democracia, la institucionalidad, y una paz duradera en el país centroamericano, que vive su peor crisis sociopolítica en décadas.

"En el caso del Poder Electoral, es necesario que, de acuerdo a las normas establecidas, se renueve de tal manera que sea confiable e independiente", resaltó el Episcopado, en su mensaje pascual de 2019.

El clero hizo el señalamiento en un contexto en el que el presidente Daniel Ortega no solamente domina el Poder Ejecutivo, sino también los otros tres poderes del Estado como son el Electoral, el Judicial y el Legislativo, lo que le ha permitido gobernar durante 12 años consecutivos, con su núcleo familiar en cargos claves, según la oposición.

La Conferencia Episcopal subrayó la necesidad de "un proceso electoral neutral, imparcial y observado nacional e internacionalmente, de lo contrario, no se darán elecciones libres".

Partidos y movimientos políticos opositores han señalado que desde que Ortega volvió a la presidencia en Nicaragua en 2007, todos los procesos electorales han sido fraudulentos, con el objetivo de mantener al líder sandinista en el poder, y que esa es una de las razones del estallido social contra el presidente en abril de 2018.

El Episcopado también tuvo palabras para el Poder Judicial, que en 2009 emitió un fallo que permitió a Ortega la reelección indefinida, y que desde el estallido social del año pasado ha admitido acusaciones contra manifestantes y periodistas que los expertos en leyes consideran ilegítimos.

"En el caso de la administración de justicia, debe ser absolutamente independiente, imparcial, profesional y éticamente impartida, al margen de los designios políticos, partidos e ideologías. Sin una justicia independiente no hay libertad", indicaron los obispos.

Nicaragua atraviesa una crisis que ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales señalan hasta 568. El Ejecutivo reconoce 199.

También se cuentan 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".

Desde el inicio de la crisis de Nicaragua la mayoría de los sacerdotes y obispos arriesgaron sus vidas para evitar la muerte de cientos de manifestantes en ataques con armas de guerra ejecutados por las fuerzas del Gobierno.

El clero también dio refugio en sus templos a personas que escapaban de las balas, y a manifestantes heridos a quienes se les negó la atención médica en los hospitales, según organismos defensores de los derechos humanos.

 
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