19-04-2019 / 11:50 h EFE

El Gobierno de Aragón ha realizado por primera vez una campaña de inspección a los administradores de fincas, en la que se ha constatado que en el 71,55 % de los controles efectuados se cumple con la normativa, una cifra similar a la de otros sectores.

En total, la dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios ha visitado 66 empresas y profesionales.

Fuentes del Ejecutivo señalan que en todos los casos inspeccionados se cumplía con el deber de emitir una factura y el 71,21 % lo hacía con la obligación de informar del servicio de atención al cliente.

El administrador de fincas es una figura habitual en todas las comunidades de vecinos y se encarga de los trámites ordinarios relacionados con las instalaciones y servicios, así como de la preparación de la documentación contable.

Desde la dirección de Consumo, recuerdan que la comunidad de vecinos tiene derecho a un presupuesto previo y a conocer las condiciones del contrato que se va a formalizar con el administrador.

Aunque este es un sector que plantea escasas reclamaciones, el Gobierno de Aragón afirma que se ha constatado la existencia de "un mayor número de consultas relacionadas con las comunidades de vecinos".

Sobre este aumento, la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo indica que conviene "diferenciar las cuestiones que van dirigidas contra la comunidad, que son la mayoría, de aquellas que se pueden entender como responsabilidad del administrador".

"Como en cualquier otra actividad, los profesionales y empresas han de informar de la dirección postal, teléfono y un email donde podamos dirigir las consultas, quejas y reclamaciones, que han de ser contestadas en el plazo máximo de un mes", añade Cihuelo.

A su vez, las hojas de reclamaciones deben estar a disposición de los usuarios y la información de precios de los servicios más habituales tiene que ser accesible del mismo modo.

No obstante, ante cualquier conflicto, el presidente de la Comunidad, como responsable de la misma, puede dirigirse al profesional para formular una reclamación, que deberá ser respondida en el plazo de un mes.

Una vez haya transcurrido ese tiempo, se puede elevar la reclamación ante las Oficinas Municipales y Comarcales de Información al Consumidor o al Servicio Provincial de Ciudadanía y Derechos Sociales que corresponda, informan las mismas fuentes.

 
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