16-04-2019 / 22:39 h EFE

Un Tribunal Federal del estado mexicano de Quintana Roo orden la detencin del exgobernador de Puebla Mario Marn y del empresario Kamel Nacif por presuntas torturas a la periodista Lydia Cacho en 2005.

Mara Elena Surez, la titular del Primer Tribunal Unitario de Cancn, en el sureste de Mxico, emiti el pasado da 11 la orden de captura de cuatro personas, las dos citadas y las del exjefe de la polica estatal Adolfo Karam y la de su director de mandamientos judiciales, Juan Snchez, informaron hoy medios locales.

La orden de aprehensin forma parte de la causa penal 26/2018 en la que se acusa a Marn y Nacif del delito de tortura de Cacho.

La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policas que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancn a Puebla en un vehculo propiedad del empresario de la industria textil Jos Kamel Nacif, segn las fuentes.

El empresario era uno de los principales sealados en el libro dedicado a la investigacin del suceso titulado "Los demonios del Edn", publicado por la periodista.

Durante el viaje por carretera de Cancn a Puebla, que dur ms de 20 horas, Cacho fue torturada fsica y psicolgicamente, adems de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y fsica, de acuerdo con la investigacin.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacin concluy en 2007 que no se violaron "de forma grave" las garantas individuales de Cacho y, despus de 13 aos de buscar justicia, solo se ha sentenciado a un polica por tortura y siguen libres los perpetradores e instigadores de las violaciones de derechos humanos.

En 2018 el Comit de los Derechos Humanos de la ONU aprob un dictamen que declar al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 das para implementar las medidas correspondientes.

Al inicio del ao, el Gobierno de Mxico, encabezado por el izquierdista Andrs Manuel Lpez Obrador (2018-2024) pidi disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.

Un hecho que qued impune.

 
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