14-04-2019 / 12:00 h EFE

Endesa trabaja en regularizar los suministros a vecinos de la Zona Norte de Granada para atajar el continuo sabotaje al que está sometida la red de distribución en ciertos puntos donde se registran enganches ilegales destinados a plantaciones de marihuana.

Cada una de esta plantaciones, según los datos facilitados a Efe por la compañía, demandan unas potencias que equivalen al consumo de 80 viviendas y que suponen el 80 % del total de la zona, una sobrecarga a la que está expuesta la red de distribución que no tiene justificación ni explicación técnica.

Aunque la capacidad de las instalaciones es muy superior a la que teóricamente se necesitaría, incluso si los usuarios en situación "legal", con contrato en vigor e instalaciones interiores conforme a la normativa, utilizasen todos sus suministros a la máxima potencia, aun habría capacidad en los centros de transformación para suministrar a otros 2.500 clientes más en las mismas condiciones.

La potencia total contratada en los nueve centros de transformación más afectados por el fraude, en la Zona Norte, que suma 59 centros de transformación, es de 4.336 kilovatios y la potencia total instalada en estos 9 centros es de 11.480 kilovatios.

Según Endesa, en los últimos 5 años, ha descendido en un 29 % la potencia contratada en dichas instalaciones de red y se ha incrementado de forma desproporcionada la potencia demandada en dichos transformadores de forma ilícita.

Este problema afecta sobre todo a unas 4.000 de las 12.000 viviendas de la zona, donde solo 1.700 tienen contrato de suministro eléctrico, un 40 % del total, para una energía que además se demanda las 24 horas del día, lo que provoca situaciones de gran riesgo eléctrico.

Las infraestructuras eléctricas que utilizan los terceros para propiciar el cultivo de plantaciones de marihuana son cada vez más sofisticadas y demandan potencias compatibles con un uso del suministro de naturaleza industrial, lo que evidencia la enorme carga eléctrica que soporta una red de distribución diseñada y para abastecer viviendas.

A esto se suma el problema de la seguridad de las personas y la integridad de los operarios de Endesa que no pueden ir libremente a hacer su trabajo ordinario, pues reciben amenazas y coacciones de los que intentan impedir que se corten los enganches ilegales.

Solo pueden hacer reparaciones en la red de distribución bajo el auxilio de la Policía Nacional y Policía Local, y además los técnicos tienen que acudir incluso con el rostro tapado por indicación expresa de los agentes para que no se les reconozcan.

El ratio de inversión para arreglo de averías en toda Granada es de unos 16 euros por cliente, mientras que en la Zona Norte se eleva a unos 1.500 euros por cliente y, en cuanto al coste de las intervenciones de detección del fraude con Policía Nacional, se han invertido 460.000 euros de 2016 a 2018.

Según Endesa, más de un centenar de vecinos han remodelado las centralizaciones de contadores de sus bloques para adecuarlas a la normativa electrotécnica vigente y posibilitar la contratación del suministro eléctrico.

 
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