12-04-2019 / 14:40 h EFE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado el ingreso en prisión de Fernando Mellet, ex director general de Mercasevilla, para que cumpla 286 días por el impago de la multa de 600.000 euros a la que fue condenado por el delito de cohecho y lo ha calificado como "una persona peligrosa desde el punto de vista criminal".

Mellet fue condenado por solicitar una comisión "ilícita" de 300.000 euros y por el "pago indebido" de otros 150.000 a un grupo empresarial para que pudiese gestionar una escuela de hostelería subvencionada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

En un auto del 10 de abril al que ha tenido acceso Efe, la Sección Tercera de la Audiencia deniega la suspensión de la condena y, una vez sea firme la resolución, ordena citar a Mellet "para su ingreso voluntario en prisión".

La Sala fijó el pasado 26 de marzo en 286 días la responsabilidad personal subsidiaria provocada por el impago de 478.108,27 euros, de acuerdo con la sentencia dictada el 6 de noviembre de 2012 y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el 12 de junio de 2013 y por el Tribunal Supremo el 16 de mayo de 2014.

La defensa de Mellet pidió la suspensión de la ejecución de la condena teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes penales, que la pena era inferior a los dos años de prisión y el cumplimiento de las responsabilidades civiles que se originaron.

La Sección Tercera replica que, aun admitiendo el cumplimiento de esos requisitos, "ello no conlleva la necesidad ineludible de que el juez o tribunal sentenciador tenga que otorgar el beneficio de la remisión condicional de la pena".

La Audiencia explica que rechaza este beneficio una vez atendidas las circunstancias del delito cometido y las personales del penado, los procedimientos penales en los que está incurso y su conducta posterior a la condena, ya que "no sólo no reconoce los hechos sino que tampoco muestra el menor arrepentimiento".

Los jueces, además, recuerdan que Mellet está siendo investigado en otros tres procesos y que el pasado 25 de marzo fue condenado a dos años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos que no ha adquirido firmeza, por lo que lo califica como "una persona peligrosa desde el punto de vista criminal".

Según la Audiencia, el cumplimiento de la pena "servirá para prevenir a los ciudadanos, especialmente a quien ostenta cargos públicos, que pudieran sentirse tentados a realizar conductas como las que han sido objeto de enjuiciamiento y condena".

 
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