11-04-2019 / 14:19 h EFE

Stop Desahucios Euskadi ha difundido este jueves un manifiesto de "medidas urgentes" para combatir los desahucios de viviendas de alquiler, que el año pasado afectaron a 847 familias, y "la especulación" del mercado libre de arrendamiento, cuyo precio medio ronda los 1.100 euros mensuales.

Tras recabar adhesiones entre algunos partidos, sindicatos y movimientos sociales, el colectivo que agrupa a plataformas antidesahucios de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, presentará su nueva plancha de reivindicaciones vinculadas al alquiler al Gobierno Vasco y los ayuntamientos más importantes, instituciones ante las que a partir de ahora dirigirá también sus movilizaciones y protestas.

Los representantes de plataformas de los tres territorios Rosa García (Gipuzkoa), Imanol Arnaiz (Bizkaia) y Arturo Val del Olmo (Álava), se han concentrado esta mañana en el quiosco del Boulevard de San Sebastián, junto a medio centenar de activistas, para presentar a los medios informativos el manifiesto que busca hacer frente a "la emergencia habitacional" que, a su juicio, existe en Euskadi.

Según han explicado, aunque "desde hace tiempo" vienen exigiendo medidas al respecto a través de "escritos y concentraciones" ante Etxebide, recientemente las han plasmado en un manifiesto que ya ha recabado el apoyo de EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo, así como de LAB, CCOO ESK y Steilas, y sobre el que ahora instan a posicionarse al resto de formaciones políticas, con motivo de las próximas convocatorias electorales.

El documento sustenta "la emergencia habitacional" existente en Euskadi en datos como las 52.000 familias inscritas en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide como demandantes de vivienda protegida de alquiler, con unos ingresos medios de 12.000 euros al año, cantidad por otro lado "insuficiente" para poder arrendar un piso en el mercado libre, cuyo precio medio, según denuncian, se sitúa en el País Vasco en los 1.096 euros al mes.

Citando datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, han afirmado que en 2018 un total de 847 familias vascas fueron desahuciadas por vía judicial de viviendas alquiladas, cifra a la que se sumarían los casos que no han pasado por los juzgados y los desalojos por finalización de contratos.

El presupuesto que actualmente destina a vivienda el Gobierno Vasco es "un 33 % inferior al que destinaba en 2010 -457 millones de euros frente a los 300 actuales", han criticado los portavoces, que han agregado que las familias en riesgo de exclusión social objeto de desahucios, con menores o discapacitados a su cargo, "no tienen garantizada una alternativa habitacional".

La Ley vasca de Vivienda, aprobada en 2015, "se está incumpliendo" y "retrasando injustificadamente su desarrollo", el parque de gestión pública "esta estancado", "se demoran las medidas" contra las viviendas deshabitadas (unas 35.000, según han dicho) y "no se actúa contra la burbuja especulativa de alquileres", han denunciado.

Ante esta situación, el manifiesto de Stop Desahucios Euskadi pide aumentar el número de "viviendas de urgencia" para que "ningún colectivo vulnerable sea desahuciado de su vivienda habitual sin alternativa habitacional previa", establecer "medidas presupuestarias de choque" para ampliar el parque público de pisos de alquiler social, "movilizar urgentemente la vivienda vacía" y "combatir la especulación" fijando un índice oficial de precios de obligado cumplimiento.

Modificar "radicalmente" la actual fiscalidad vinculada a la vivienda y cumplir la Ley vasca, mediante la aprobación "de una vez" del decreto sobre el derecho subjetivo a una vivienda digna y asequible y la creación de un organismo autónomo de todas las administraciones competentes, son otras de las reivindicaciones recogidas.

 
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