10-04-2019 / 18:40 h EFE

Un grupo de eurodiputados del BNG, ERC, Podemos, IU y PNV expresaron hoy su "solidaridad" con 19 activistas que fueron denunciados por los familiares del dictador Francisco Franco tras participar en 2017 en un acto para reclamar que el Pazo de Meirás sea de propiedad pública.

"Queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad en su lucha pacífica y contra el franquismo para que el Pazo de Meirás vuelva al pueblo gallego y les trasladamos nuestra determinación a seguir este asunto", señaló en una conferencia de prensa la eurodiputada gallega Ana Miranda, del BNG.

La Fundación Francisco Franco y la familia del dictador denunciaron a los "19 de Meirás" que acudieron al Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, para simbólicamente reclamar que deje de ser de la familia del dictador y pase a ser de titularidad pública, alegado que la propiedad fue objeto de expolio.

Los activistas aspiraban también a reclamar, además de esa propiedad en la que Franco y sus familiares acostumbraban a pasar sus vacaciones veraniegas y largas temporadas, otros bienes que detentan los herederos de Franco como la coruñesa Casa Cornide o unas estatuas del Maestro Mateo de la catedral de Santiago, asuntos que están en proceso judicial.

El exedil de la localidad coruñesa de Sada y escritor Carlos Babío y el miembro del colectivo de los "19 de Meirás" Néstor Rego explicaron a Efe que viajaron a Bruselas para explicar su "vergonzoso" caso.

Apuntaron que la situación de los familiares de Franco en España constituye una "anomalía democrática impensable" en Alemania con Adolf Hitler o en Italia con Benito Mussolini.

Los militantes nacionalistas gallegos que participaron en ese acto se enfrentan a penas de trece años de prisión cada uno y multas de hasta medio millón de euros por violación de morada, con el agravante de violencia o intimidación, así como delitos de odio y daño a la propiedad.

Miranda denunció que España mantenga todavía instituciones privadas como la Fundación Francisco Franco, que pretendía hacer apología de la dictadura, y consideró que debería ser ilegalizada tras una resolución contra el fascismo adoptada por el Parlamento Europeo en octubre pasado.

 
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