09-04-2019 / 16:21 h EFE

El exconcejal de infraestructuras del BNG durante el gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Ourense, Andrés García Mata, se sentará mañana en el banquillo del juzgado penal de Ourense, acusado de un delito de prevaricación por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de la calle Bedoya y la plaza Paz Nóvoa de la capital orensana, once años después de lo ocurrido.

En total, la Fiscalía de Ourense solicita para el encausado penas de ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público al entender que dichas actuaciones se adjudicaron incumpliendo la legalidad.

El Ayuntamiento de Ourense presentó en marzo de 2008 una solicitud para acogerse a una subvención de la Xunta de Galicia, que establecía la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones a las corporaciones locales para la adecuación y modernización de equipamientos comerciales, para la realización de obras de acondicionamiento en esas zonas.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que el acusado, "teniendo plena conciencia de que el procedimiento negociado y sin publicidad no podía aplicarse", por no concurrir los requisitos que se establecían en la Ley 30/07 de 30 de octubre (Ley de Contratos del Sector Público), vigente en ese momento, "antepuso su propia voluntad y ordenó redactar con el auxilio técnico jurídico del señor T. que conocía la ilegalidad, sendos pliegos de condiciones para la contratación de las obras de la C/ Bedoya y Paz Novoa mediante procedimiento negociado y urgente sin publicidad".

Los dos expedientes fueron aprobados provisionalmente el 4 de septiembre de 2008 pese a que faltaban "trámites esenciales", según la fiscalía, quien acusa a Mata de haber limitado "los principios de libre concurrencia y publicidad" tras apuntar que el acusado cursó invitación "a tres empresas del sector elegidas por él mismo".

El proyecto para el acondicionamiento de la calle Bedoya tuvo un coste de 592.793 euros para el ayuntamiento de Ourense, mientras que el de reforma de la plaza de Paz Nóvoa supuso una inversión de 434.812 euros.

La denuncia fue impulsada en 2013 por el líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, quien argumentó que dichas contrataciones se realizaron sin procedimiento negociado, urgente y sin publicidad. Las dos reformas fueron contratadas a empresas distintas por un importe total de más de un millón de euros.

De hecho, en la causa, llegó a estar imputada toda la junta de gobierno, aunque finalmente el magistrado solo mantuvo la investigación a García Mata.

En el juicio están citados como testigos el propio Pérez Jácome y los exalcaldes del bipartito, Francisco Rodríguez y Agustín Fernández, así como varios ediles, y responsables de varias empresas constructoras.

El entonces edil nacionalista justificó el procedimiento seguido para no perder una subvención.

 
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