07-04-2019 / 19:20 h EFE

La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra acogerá a partir de mañana lunes el juicio con jurado popular contra un hombre acusado de matar de un disparo a quemarropa a un joven de 25 años en la noche de San Juan de 2017 en la playa de Arealonga, en Chapela, Redondela.

La Fiscalía pide para José Luis L.P. 42 años de cárcel por dos delitos de asesinato, uno en grado de tentativa, ya que disparó pero no alcanzó al joven que acompañaba a la víctima mortal.

Adicionalmente, le imputa otro delito de homicidio en grado de tentativa, porque hizo ademán de coger su pistola cuando lo rodearon varios agentes, y uno de tenencia ilícita de armas.

Según se recoge en el escrito de acusación, José Luis L.P., con antecedentes penales por atracos, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, mató de un disparo a Daniel B.P., de 25 años, después de que le recriminara que orinara desde una barandilla a la zona de la playa en la que estaba con unos amigos.

La Fiscalía considera que el acusado disparó a bocajarro y sin previo aviso a la víctima en el pecho, y que luego encañonó al joven que lo acompañaba y le disparó, sin darle alcance.

También indica que al verse rodeado por agentes de la Policía metió la mano en su bandolera, donde guardaba la pistola, con la intención de sacarla y disparar a los agentes, y que cuando fue reducido siguió oponiendo resistencia.

En su escrito, la Fiscalía señala que no ha quedado acreditado que el acusado hubiera ingerido bebidas alcohólicas que limitasen sus facultades la noche de San Juan de 2017, y que según un informe médico forense, cometió los hechos con sus plenas facultades volitivas e intelectivas.

Tampoco consta que el acusado haya sido ingresado en módulo psiquiátrico penitenciario ni tenga activado protocolo médico-psiquiátrico para su protección o tratamiento.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita para José Luis L.P. una orden de alejamiento de 200 metros respecto al amigo de la víctima mortal durante 20 años, así como una indemnización un 40 % superior a la estipulada en el baremo de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, además de otros gastos derivados del crimen.

 
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