03-04-2019 / 16:00 h EFE

Las sanciones administrativas que las instituciones vascas impongan a menores de edad tendrán un carácter educativo y reformador y por ello podrán ser sustituidas por un acto de conciliación o de reparación, según se recoge en el proyecto de Ley de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de Euskadi.

Este texto, que se inspira en valores restaurativos frente a los meramente punitivos y sancionadores, fue aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco en noviembre del año pasado y deroga la anterior ley de 1998 para actualizarse a los cambios institucionales y jurídicos.

Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, en la comisión del Parlamento Vasco en la que ha presentado el proyecto de ley, que alumbra un procedimiento sancionador "más garantista" para la ciudadanía durante el proceso sancionador que será único y simplificado para las administraciones autonómica, foral y municipal de Euskadi.

La nueva norma es "un instrumento muy técnico" pero muy "valioso" para las instituciones ya que unifica los principios y garantías con los que deben actuar cuando inician un procedimiento sancionador, aunque no incluye un cuadro con infracciones, ya que estas aparecerán en las distintas leyes sectoriales cuyo incumplimiento dé origen a la sanción.

Entre los aspectos más novedosos destaca el artículo que "protege" a los menores de edad, para quienes la norma pide sanciones que "compaginen la función preventiva con la educativa y reformadora" y propone para ello alternativas como actos de conciliación o reparación entre infractores y víctimas, aunque este aspecto se regulará posteriormente vía reglamento.

La ley también aboga por "modular" las sanciones cometidas por personas discapacitadas.

El anteproyecto, que garantiza los derechos lingüísticos de los euskaldunes, "incorpora previsiones de nuevo cuño sobre la responsabilidad conjunta por omisión o colaboración necesaria". Así, se establece, como regla general, la responsabilidad solidaria, aunque cuando la sanción sea económica "se individualizará, si es posible, en función del grado de participación de cada uno de los responsables".

También se instituye en el caso de los menores la responsabilidad solidaria de "los padres o tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por ese orden", de los daños y perjuicios que causen, aunque su responsabilidad podrá ser moderada si no han favorecido la conducta infractora.

Sobre posibles indultos y conmutaciones de sanciones el anteproyecto establece que se deberá "justificar la no afección al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico". Erkoreka ha dicho que la figura del indulto no está pensada para perdonar a grandes empresas que infrinjan por ejemplo la normativa medioambiental, sino para casos en los que deba protegerse a un menor, entre otras casuísticas.

Ha puesto como ejemplo el supuesto de una madre que comete una infracción con la RGI y se le retira la prestación temporalmente. En este caso, ha dicho, el indulto se justificaría por la defensa del interés del menor o menores a su cargo. "Solo por esto merecería la pena mantener esta figura", ha dicho el consejero, que ha precisado que desde 2012 el Gobierno Vasco no ha aprobado ningún indulto.

 
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