28-02-2019 / 17:50 h EFE

Un grupo de comunidades presenta listas de espera "abultadas" en materia de dependencia pero con una tendencia "muy positiva", de forma que a este ritmo entrarían en plena atención en menos de dos años, entre las que figura Baleares, además de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, según un informe.

El XIX dictamen del observatorio de la dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España indica que, en 2018 Baleares ha aumentado en 567 el número de personas atendidas, hasta 17.328, un 3,3 % respecto al ejercicio precedente.

En el resto de parámetros (solicitudes, valoraciones o PIAS) muestra "valores muy escasos o incluso negativos". Las solicitudes a 31 de diciembre eran 27.993, un 1,6 % más que un año antes; las personas valoradas han sido 25.370, un 1,35 % menos; las personas con derecho a prestación eran a final de año 20.139, un 1,1 % menos; y los servicios entregados 7.497, un 23,7 % más.

La tasa de personas desatendidas (limbo) se ha reducido al 14 %. Con todo, al ritmo de atenciones realizado en los últimos tres años, aún tardaría 2 años en poder eliminarla. La acumulación de valoraciones pendientes dará lugar a alimentar la lista de espera en un 80 % de los casos.

El 90 % de las nuevas atenciones son Teleasistencia (1.450) y Promoción (1.479). Baleares continúa potenciando la línea de servicios de bajo coste iniciada en 2017. Ahora al 66 % de los dependientes baleares se les atiende con PECEF o con Promoción.

El coste del Sistema de Dependencia Baleares alcanza los 123 millones de euros, según el informe. Del total del gasto público, la comunidad aporta el 79 % (83 millones) y la AGE el 21 % restante (22 millones).

El sistema apenas genera BALEARES 1.943 puestos de trabajo, sin crecer en el último año. Es la peor tasa de empleo generado del todo el país, con 18 empleos por millón invertido frente a los 37,7 de todo el Estado.

Sólo en el pasado año, Baleares ha dejado de percibir del Estado 8,4 millones como consecuencia de los recortes contenidos en el decreto RD-L 20/2012.

Según el observatorio, de haberse aprobado el incremento los 415 millones del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de Estado por la Dependencia, la comunidad balear recibiría 7,04 millones de euros para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender a unas 1.348 personas y crear 129 empleos directos.

El informe revela "severas diferencias" entre las comunidades en el gasto medio anual por persona potencialmente dependiente, que en Baleares se situaría en 507,68 euros y de media nacional en 625,63.

La aplicación del sistema de la dependencia en Castilla y León ha merecido un 9,3 en el XIX dictamen del observatorio de la dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, el único sobresaliente del conjunto autonómico, donde nueve comunidades no llegan al cinco.

Los datos se incluyen en el último informe del observatorio de la dependencia, relativo a 2018 y publicado este jueves, que vuelve a situar a Castilla y León a la cabeza de las autonomías en dependencia, y lo hace por duodécimo año consecutivo, según ha destacado en rueda de prensa tras conocerse los datos la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

La consejera ha incidido en que la puntuación media de las autonomías es del 5,04, con nueve autonomías que no llegan al cinco, que son Canarias, Baleares, Cataluña, Asturias, Valencia, Navarra, Cantabria y Murcia, de menor a mayor nota; y otras cuatro que bajan la obtenida en el informe anterior.

La siguiente autonomía tras Castilla y León es Castilla-La Mancha, con un 8,21, seguida de La Rioja con un 7,14.

La consejera ha destacado que Castilla y León es la única autonomía con "plena atención" en dependencia, en un sistema que el observatorio califica de "modélico en todo el país" y que considera "un referente", con un nivel de lista de espera residual del 1,4 por ciento, frente a la media nacional del 19,2 por ciento.

El sistema de la dependencia de la Comunidad, que ha pasado de una nota del 8,6 puntos en 2015 a los 9,3 actuales, es el que a más personas atiende, con 93.374 y la mayor tasa del país con 37,4 dependientes por mil, quince puntos por encima de la media nacional.

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado además el empleo asociado a este sector que supone 28.621 empleos en la Comunidad, 12.000 más en la actual legislatura, lo que supone mil más que los comprometidos por la Junta.

Y además, Castilla y León es la Comunidad con más empleos directos vinculados por cada millón de euros invertidos, con 51,8, frente a la media nacional de 37,7.

Además, el sistema generó en 2018, ha añadido García, un total de 232 millones de euros vía cotizaciones de la seguridad social, IRPF de trabajadores o IVA; con una tasa de recuperación de gasto público del 42,1 por ciento de lo invertido.

Alicia García ha valorado además el esfuerzo presupuestario de la Junta, con más de 685 millones de euros en 2018, y un gasto por habitante de 194,8 euros, el 8 por ciento más que en el 2017.

Para la consejera, se trata de unos datos que responden a un trabajo continuo por parte de la Junta y los trabajadores del sistema de la dependencia.

García ha puesto en valor que Castilla y León es la única comunidad que ha incorporado a los dependientes moderados, con lo que actualmente hay 31.000 dependientes más con la prestación reconocida que hace cuatro años, el 50 por ciento más, con 48.130 prestaciones más, el 62 por ciento de incremento.

El informe recoge que Castilla y León anotó en 2018 un máximo histórico en dependientes atendidos, esa tasa del 37,43 por mil, la mejor de España, con un nivel de desatendidos "modélico" de 1.471 personas, que pudieran ser cifras referente del techo del sistema de atención a la dependencia en España.

El XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia observa que si se hubiera aprobado el incremento nacional de 450 millones del nivel mínimo de protección que se preveía en los presupuestos del Estado para 2019, Castilla y León habría recibido 41,9, con lo que habría llegado a 7.851 personas más y se hubieran creado 2.176 empleos.

La consejera de Familia ha aprovechado la presentación del informe para criticar la parálisis y "agravios" del Gobierno central hacia la dependencia, que en ocho meses no ha convocado ni una vez el consejo territorial y ha retirado un real decreto que ha dejado sin 9 millones a la Comunidad.

Y sobre ese dinero que no ha llegado por no aprobarse las cuentas del Estado para el 2019, ha recordado que la Junta ha sido igual de reivindicativa con todos los gobiernos a la hora de reclamar que financien, como recoge la ley, la mitad de lo que cuesta la dependencia en la Comunidad, cuando ahora aporta solo el 20 por ciento.

 
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