12-02-2019 / 1:09: h EFE

El juicio a los 12 líderes independentistas que se inicia hoy en el Tribunal Supremo de España puede "poner en peligro los derechos humanos", según considera la ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que pidió extremo cuidado en la definición de delitos como la rebelión o la sedición.

Esta organización con sede en Ginebra dijo en un comunicado que esos dos delitos por los que se juzga a los acusados en el ilegal proceso separatista catalán, son de "muy amplia definición" y advierte de que podría suponer "restricciones a la libertad de expresión, asamblea y asociación".

"La amplia definición del delito de rebelión que se está aplicando en el caso amenaza con interferir de forma innecesaria y desproporcionada con esos derechos", opinó en ese comunicado la directora de esa ONG para Europa y Asia Central, Róisín Pillay.

Los procesados son el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras y ocho exconsejeros de su antiguo gobierno, así como la expresidenta del Parlamento regional y los líderes de las dos principales organizaciones sociales independentistas de Cataluña.

Todos ellos están acusados de participar de manera activa en celebración de un referéndum ilegal sobre la secesión de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 27 de ese mismo mes.

En opinión de la CIJ, los fiscales del caso y el Tribunal Supremo (al admitir el caso) han ampliado en demasía el delito de "rebelión" tipificado en el artículo 472 del Código Penal, en el que se requiere para su comisión la existencia de una insurrección violenta.

Para Pillay este juicio, "altamente sensible y politizado, podría sentar un peligroso precedente de persecución a movimientos pacíficos de independencia y disidencia política, no sólo en España sino a nivel internacional".

El Gobierno español, en respuesta a la convocatoria ilegal de un referéndum y de una posterior declaración unilateral de independencia de octubre de 2017, cesó de inmediato al Ejecutivo catalán y convocó nuevas elecciones autonómicas para diciembre de ese año, mientras que la Justicia abrió una causa para dirimir responsabilidades a raíz de la querella presentada por el Ministerio Público.

Nueve de los procesados están en prisión provisional, acusados de rebelión y de malversación de fondos públicos por la Fiscalía, para los que pide penas que van desde los 25 años para Junqueras hasta los 16 para cinco exconsejeros. El resto está en libertad provisional acusados por el Ministerio Público de desobediencia y malversación.

 
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